Editorial

A medida que el antagonismo entre las pretensiones
desarrollistas del Ministerio de Industria y las proteccionistas del Ministerio
de Medio Ambiente se hacen más evidentes, resulta cada vez más difícil saber
cuál es realmente la política energética del gobierno.

Observamos estupefactos cómo, una vez tras otra, Narbona dice
una cosa y Montilla lo contrario. Zapatero debería poner fin a la escalada de
declaraciones contradictorias de sus ministros, retornando a la coherencia y la
racionalidad en materia de medio ambiente y política energética.

Según Narbona, ministra de Medio Ambiente, «todos los años
mueren en España de forma prematura 16.000 personas por la contaminación
atmosférica», «diez veces más que las muertes anuales por accidentes de
tráfico».

Narbona reconoce además que «están aumentando de manera
vertiginosa los problemas pulmonares y las alergias, con especial incidencia en
la infancia, aunque también se presentan en otros tramos de edad» y sugiere que
la contaminación guarda una relación directa con el incremento de ciertas
patologías, por lo que anuncia que «ha empezado a trabajar con Sanidad para
hacer llegar mensajes a la ciudadanía y analizar un problema muy evidente, que
es el efecto de la contaminación atmosférica en los niños más pequeños».

Sin embargo Montilla, ministro de Industria, no muestra
sensibilidad ante los graves problemas de salud pública generados por la
contaminación, no parece preocuparle la salud de los ciudadanos ni la
contaminación atmosférica. Y entra en contradicción con Narbona cuando solicita
al Consejo de Competitividad de la Unión Europea que se retrase la entrada en
vigor de la norma anticontaminación Euro 5, ya que «puede afectar negativamente
a la industria de la automoción española», según sus propias palabras.

La Euro 5 reduce en un 80% las emisiones de partículas de los
turismos y en un 20% las de los óxidos de nitrógeno (NOx). Esta norma afecta
especialmente a los motores Diesel, ya que producen tres veces más NOx que los
de gasolina. Su entrada en vigor está prevista para el 2010, aunque existen
negociaciones para que se adelante la fecha en dos años. La medida se calcula
que evitaría 15.000 muertes anuales por problemas de salud.

Cuando se trata de establecer prioridades entre la salud de
los ciudadanos y el interés comercial de industrias tan contaminantes como la
del automóvil, no tenemos duda de que Zapatero sabrá hacer prevalecer el sentido
común y dará la razón a Narbona llamando al orden a Montilla.

El presidente Zapatero debería amonestar a su Ministro de
Industria también por sus declaraciones respecto a la energía nuclear, y
recordarle que él mismo, en su discurso de investidura, dejó claro que no es
pertinente reabrir ese debate, cuando dijo que quería un modelo energético en el
cual hubiera cada vez más energías límpias y cada vez menos energía nuclear.

Cuando Montilla pone en cuestión la moratoria nuclear, no
sólo enmienda las palabras de su Presidente, sino que contradice de nuevo lo
manifestado por Narbona: «he dicho muchas veces que la energía nuclear no puede
ser la respuesta para un mundo sin petróleo, porque tiene otro problema
ambiental y de salud pública asociado que es la generación de residuos
radioactivos» (declaraciones a Natural en enero de este año).

La Administración tiene la obligación de ser transparente y
sincera ante los ciudadanos, que tienen derecho a saber cuales son las
verdaderas intenciones de sus gobernantes. No se puede seguir diciendo una cosa
desde un ministerio y la contraria desde otro.

Zapatero debe poner fin a esta cadena de despropósitos,
anunciando un calendario razonable para el desmantelamiento de las nucleares y
su sustitución por energías renovables. En consonancia con sus promesas
electorales, no debe autorizar la construcción de la Refinería de Extremadura y
las numerosas centrales térmicas proyectadas.

España debe contribuir, como el resto de países, a detener el
Cambio Climático, garantizando el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Y no lo
está haciendo. Las emisiones contaminantes han crecido un 53% desde 1990 y
resulta evidente que el gobierno sigue alejándose cada vez más de los modestos
objetivos fijados en Kioto. ¿Qué hace Montilla al respecto? Por insólito que
parezca, ha ordenado reducir a la mitad los parques eólicos proyectados en
España.

Tal como, muy acertadamente, reconoce la propia Ministra de
Medio Ambiente, «España se está quedando muy atrás en la apuesta por un modelo
industrial más limpio», porque queda «mucho que ganar, sobre todo en el campo de
las energías renovables, donde hay empresas muy competitivas con proyectos
pioneros de producción a gran escala de energía solar».