Los trapos sucios de las empresas textiles

Niños sin posibilidad de ir a la escuela, con jornadas de trabajo interminables
y horarios de miseria; mujeres sin contrato y sin seguridad social que hacen
a veces más de 150 horas extras al mes; familias indígenas expulsadas
de sus tierras… Detrás de la moda que consumen las sociedades opulentas
se esconde una oscura historia de injusticia y opresión. En este artículo,
elaborado en base a los informes de organizaciones como Intermón Oxfam,
Greenpeace o Setem, desvelamos algunas de las claves de este asunto.
El 21 de marzo de 2004 tuvo lugar en la Sociedad General de Autores (SGAE) de
Madrid el seminario “Moda y Trabajo. La responsabilidad social corporativa
en la confección textil”, que reunió a representantes empresariales,
de la patronal del textil, organizaciones de mujeres, sindicatos y organismos
internacionales, entre otros.
Dos compañías españolas, Mango y Cortefiel, asistieron
a este seminario en el que se debatió, entre otros temas, la necesidad
de que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sea “parte integrante
de las prácticas comerciales y deje de ser un departamento estanco de
las empresas”. Responsabilidad Social Corporativa es un término
que se refiere al hecho de que se garanticen los derechos laborales en toda
la cadena de producción de la ropa.
¿Por qué asistieron representantes de Mango y de Cortefiel, y
por qué afirmaron que tienen “códigos de conducta”,
que se someten a “auditorías voluntarias” en los países
donde trasladan su producción y que “parte de la responsabilidad
de la situación es también de los Gobiernos o de instituciones
financieras como el FMI”?

Unos informes que levantan ampollas
El motivo es muy sencillo: el seminario “Moda y Trabajo” se celebró
pocas semanas después de la presentación por parte de Intermón
Oxfam de los informes “Más por Menos” y “Moda que aprieta”,
que denuncian el modelo de negocio de las marcas y cadenas de ropa y documentan
cientos de casos de trabajadores, la mayoría mujeres, que ven degradados
sus derechos laborales y cerradas las puertas para salir de la pobreza. El Corte
Inglés, Zara, Cortefiel, Mango o son algunas de las empresas citadas
en los mencionados informes y, por tanto, al menos las dos últimas se
decidieron a lavar su imagen presentándose en el acto y reuniéndose
con trabajadoras del sector textil llegadas de países como Marruecos
y Honduras.
Lo cierto es que, desde finales de los años 90, numerosas organizaciones
internacionales han estado denunciando el oscuro trasfondo que se oculta detrás
del negocio de las grandes industrias textiles. Muchas empresas occidentales
producen sus prendas en países del Tercer Mundo y explotan sin compasión
a los trabajadores de India, Marruecos, Honduras, Bulgaria, Camboya, Tailandia,
Indonesia o Turquía. Los más afectados por esta violación
de los derechos humanos suelen ser las mujeres y los niños, que se convierten
en mano de obra esclava a la que se contrata en condiciones inhumanas.
Según Isabelle Chaudet, coordinadora de la Campaña “Ropas
Limpias”, los niños y niñas trabajadores generalmente pierden
su derecho a la educación, reciben salarios de miseria y tienen horarios
interminables.
Por lo que respecta a la explotación femenina en este terreno, los ya
mencionados informes elaborados por la ONG Intermón Oxfam revelan, por
una parte, la cara más amarga de la explotación laboral femenina
y por otra, los entresijos de las empresas de confección españolas,
que presionan duramente a sus proveedores –generalmente empresas de países
tercermundistas, con salarios bajísimos y condiciones laborales sumamente
precarias– con tal de renovar sus prendas de moda en cada temporada.
Según Intermón Oxfam, una fábrica de confección
de Tánger vende por dos euros a las grandes firmas de moda españolas
un pantalón que hace tres años vendía por 3’3. Las
empresas textiles de esta ciudad del norte de Marruecos tienen que entregar
sus pedidos en un plazo de entre 15 y 30 días (en ocasiones en apenas
cinco), cuando hace tres años lo hacían en tres meses. La presión
de las grandes tiendas españolas sobre sus proveedores marroquíes
se traslada al eslabón más vulnerable de la cadena de producción:
la mujer trabajadora. En las fábricas de Tánger, las jornadas
son de 12 o 13 horas diarias en temporada alta, a veces incluso de 16. Una joven
embarazada de 7 meses trabajaba 10 horas sin que el patrón la dejara
ir al baño, “una auténtica tortura, pero no se podía
permitir el lujo de perder el trabajo”, explica una compañera.
Centenares de casos parecidos aparecen en los dos informes de Intermón
Oxfam. Ambos muestran que las políticas empresariales que exigen entregas
más rápidas y baratas minan los derechos laborales de los trabajadores,
que ven cerradas las puertas para salir de la pobreza. Su publicación
forma parte de la campaña internacional “Comercio con Justicia”,
que fue lanzada en 2002 para pedir un cambio de las reglas del comercio mundial.

Los empleos precarios, los sueldos insuficientes, las horas extras obligatorias
y no remuneradas, la prohibición de sindicatos y las malas condiciones
higiénicas y sanitarias derivan de las estrategias globales de supermercados,
grandes almacenes y marcas de ropa.
Todos los trabajadores sufren las consecuencias, pero las mujeres, que representan
entre un 60% y un 90% de la fuerza laboral en las cadenas de los países
investigados, se llevan la peor parte. “El abuso de poder de las empresas
exprime a los trabajadores al final de la cadena, la mayoría mujeres
e inmigrantes, de países ricos y pobres. Esto tiene que acabar. El comercio
mundial puede servir para mucho más que para crear unos empleos que dejan
a millones de personas sin opciones de futuro”, ha afirmado Ignasi Carreras,
director general de Intermón Oxfam.

Más de 150 horas extras al mes
Según el estudio “Moda que aprieta”, las empresas de confección
españolas deben avanzar más en sus políticas de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) para que influyan en sus estrategias comerciales y
garanticen los derechos laborales en toda la cadena.
El grupo Induyco, principal compañía de abastecimiento de ropa
de El Corte Inglés, ha recortado en ocasiones hasta sólo 5 días
los plazos de entrega a sus proveedores marroquíes, lo que se explica,
según un industrial textil de Tánger, porque “algunas veces
hay Semanas Fantásticas”. En el caso de Inditex (Zara), los plazos
son de los más cortos del mercado (Zara renueva cada 20 días sus
escaparates).
Aunque la carga de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales no recae
sólo en las grandes marcas y empresas de moda, Intermón Oxfam
considera clave que el sector de la confección en España desarrolle
una política plena de RSC. Algunas de las recomendaciones del informe
son: fijar períodos de entrega adecuados, establecer relaciones a largo
plazo para incentivar a los proveedores en la mejora de los estándares
laborales e incorporar expertos en cuestiones éticas que participen en
la definición de las prácticas de compra.
Según el estudio, marcas como Inditex, Cortefiel y Mango ya han empezado
a dar los primeros pasos. En cambio, Induyco-El Corte Inglés aún
tiene pendiente elaborar una política de RSC y asumir, como principal
grupo empresarial español, el liderazgo de este compromiso.
Sobre el sector de la confección, el informe revela que los tiempos de
producción en las fábricas de todo el mundo se han reducido un
30% en los últimos cinco años. En la provincia china de Guangdong,
una de las regiones industriales de mayor crecimiento del mundo, las trabajadoras
hacen más de 150 horas extras al mes y el 90% no tiene acceso a la seguridad
social.
En las maquilas de Honduras, las trabajadoras ganan sueldos que apenas sirven
para cubrir un tercio de sus necesidades básicas, según reconoce
el propio gobierno del país. “Es cierto que millones de mujeres
tienen ahora un empleo que antes no tenían. Pero un sueldo insuficiente
y que degrada sus derechos no las aleja de la pobreza. Las empresas no tienen
justificación para aprovecharse de estas trabajadoras”, asegura
Ignasi Carreras.

El FMI y el Banco Mundial fomentan la explotación laboral
El informe descarta que la responsabilidad de esta situación sea sólo
de las grandes corporaciones y recuerda, por ejemplo, que muchos Gobiernos,
alentados por el FMI y el Banco Mundial, atraen a los inversores ofreciendo
bajos costes y mano de obra flexible. Oxfam Internacional ha pedido a las grandes
compañías que revisen sus prácticas de compra y se comprometan
con el respeto de los derechos laborales en toda la cadena de producción;
a los productores y proveedores, que garanticen un trabajo digno a sus empleados,
lo que incluye, entre otras cosas, el derecho a la asociación y no discriminar
a las mujeres trabajadoras; a los Gobiernos del Sur y del Norte, que cumplan
las normas laborales internacionales y fomenten un empleo que reduzca la pobreza
y permita la igualdad de género y el desarrollo; a las grandes instituciones
internacionales como el FMI o el Banco Mundial, que promuevan los derechos de
los trabajadores como herramienta fundamental en la erradicación de la
pobreza; a los inversores (accionistas y fondos de pensiones), que utilicen
su poder en los mercados para promover prácticas de respeto de los estándares
internacionales en las cadenas globales; y, por último, a los consumidores,
que presionen a las compañías para que cambien sus prácticas
de compra.
No estaría de más recordar que estas compañías obtienen
unos beneficios fabulosos. Según la agencia EFE, el empresario textil
Isak Andic, fundador de Mango –la cadena española de moda que se
ha expandido en los últimos años por más de medio centenar
de países– ha entrado este año a formar parte de la lista
de multimillonarios que elabora la revista Forbes, con un patrimonio estimado
de 1.600 millones de dólares. Con Andic, son ocho las grandes fortunas
españolas que forman parte del selecto grupo de millonarios del planeta
con más de 1.000 millones de dólares, según Forbes.
Además, no es el primer empresario textil, pues el primer puesto lo ocupa
el fundador de Inditex (propietario de marcas como Zara y Máximo Dutti),
Amancio Ortega, con un patrimonio de 9.200 millones de dólares.

Benetton: el mayor terrateniente de Argentina
No sólo las firmas españolas se mueven en este terreno ambiguo
de estrategias dudosamente éticas. La multinacional italiana Benetton,
famosa por sus escandalosas campañas publicitarias teñidas de
supuestas referencias humanitarias, se encuentra en el punto de mira de numerosas
organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Hace unos años, una investigación realizada en Turquía
con el fin de controlar la explotación laboral infantil demostró
que una empresa subcontratada por Benetton en Estambul empleaba asiduamente
a niños de entre 9 y 13 años para la confección de ropa.
El diario italiano Corriere della Sera publicó unas fotos en las que
se podía ver a los niños cosiendo pantalones para Benetton, en
Estambul. Inmediatamente, Luciano Benetton, el patriarca de la firma italiana,
retiró la licencia a la fábrica Bogazici Hazir Glyim que, según
denunciaba el sindicato textil turco, tenía en plantilla a numerosos
niños cuyo sueldo mensual apenas superaba las 11.000 pesetas.
El empresario reconoció que se habían violado normas precisas
en materia laboral y que la empresa turca subcontratada hacía uso ilegal
de menores, aunque todo eso, según él, se realizó a espaldas
de la empresa-madre italiana.
Ahora es en la Patagonia donde se libra la más reciente batalla legal
que tiene a Benetton por protagonista. Esta multinacional es dueña de
más de 900.000 hectáreas en Argentina, la mayoría de ellas
situadas en el sur, en la Patagonia. Estas tierras pertenecían a los
pueblos originarios que habitaron la Patagonia muchísimo tiempo antes
que Benetton o el Estado Argentino existiese. Algunas familias mapuches han
estado tratando de vivir y trabajar en esas tierras y se niegan a reconocer
a Benetton como propietario de las mismas, pero han sido llevadas a juicio por
la Compañía de Tierras del Sur Argentino (CTSA), una empresa que,
según aseguran organizaciones argentinas, tiene un sólo cliente,
el propio Benetton, con el que actúa como una verdadera maquiladora,
exportando lana cruda hacia Europa a precios mínimos gracias a los beneficios
impositivos y al bajo costo de la mano de obra del país.
Benetton ha manifestado que la CTSA es una “empresa nacional independiente
del Benetton Group S.A, conocido mundialmente por la fabricación de ropa”,
pero parece ser que existen documentos legales que prueban que la familia Benetton
controla todo este grupo económico.
Además, no se trata sólo de negocios textiles. Esas tierras de
la Patagonia son ricas en recursos estratégicos como agua, gas, petróleo
e incluso oro. También el negocio de la madera es bastante prometedor:
la CTSA cuenta en estos momentos con 5.200 hectáreas forestadas, la mayoría
de pinos de la especie conocida como Ponderosa, de origen norteamericano y que
puede –según sus introductores– alcanzar los 70 metros de
altura y ser utilizada como materia prima para la construcción de muebles
y casas.
Los mapuches han denunciado que esta forestación con pinos exóticos
está afectando al ecosistema de la zona.

Juega limpio en las Olimpiadas
También en el terreno de la ropa deportiva se producen numerosos abusos.
Las organizaciones Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores,
Intermón Oxfam y Setem han lanzado en España una iniciativa internacional
que pide a grandes marcas de ropa deportiva como Nike, Adidas, Reebok, Fila,
Puma y ASICS que no degraden los derechos de millones de trabajadores de todo
el mundo, la mayoría mujeres, en su afán por llenar los escaparates
con los últimos modelos para los Juegos de Atenas. La propuesta de movilización
–que se ha presentado en más de 20 países– basa sus
denuncias en el informe “Juega Limpio en las Olimpiadas”, que recoge
testimonios de fábricas textiles de Bulgaria, Camboya, Tailandia, China,
Indonesia y Turquía.
Este informe denuncia que las políticas de compra de las marcas de ropa
deportiva, que exigen a los proveedores entregas cada vez más rápidas,
flexibles y baratas, repercuten en el eslabón más vulnerable de
las cadenas productivas. La presión se acaba trasladando a las trabajadoras
y trabajadores, que viven en permanente estado de inseguridad laboral. No reciben
sueldos dignos y trabajan en condiciones deplorables, no tienen derecho a organizar
un sindicato que defienda sus derechos, acumulan horas extras sin cobrar y sufren
jornadas de hasta más de 16 horas seis días a la semana. Son las
consecuencias de un negocio, el de la ropa y el calzado deportivos, que en el
año 2002 movió 58.000 millones de dólares y que invierte
grandes cantidades en publicidad y marketing.
El informe también aporta numerosos ejemplos sobre cómo la mayoría
de fábricas y talleres investigados prohíben, bajo amenazas, la
existencia de sindicatos. Todos los datos se han recogido en fábricas
proveedoras para marcas como Nike, Adidas, Reebok, Fila, Puma, ASICS, Umbro,
Kappa, Mizuno, Lotto y New Balance.
Según David Álvarez, director de Setem, “si la precariedad
laboral fuera un deporte olímpico, la industria de la ropa deportiva
ganaría una medalla. La carrera de las empresas por la búsqueda
de beneficios pisotea los derechos más básicos de las personas
que se encuentran al final de la cadena productiva.
El informe “Juega limpio en las Olimpiadas” reconoce que las empresas
líderes del sector (Nike, Reebok, Adidas y Puma) han empezado a tomar
algunas medidas, pero afirma que es necesario que den pasos más significativos
y que empujen y movilicen a toda la industria.
UGT, CC.OO, Setem e Intermón Oxfam también piden al Comité
Olímpico Internacional (COI) que, como máxima autoridad del deporte
mundial, impida que sus empresas patrocinadoras abusen de sus prácticas
de compra. Asimismo, insta a los Gobiernos a no relajar la legislación
para atraer inversiones y a trabajar conjuntamente para conseguir que las fábricas
proveedoras paguen un sueldo digno y respeten los derechos de las personas en
toda la cadena productiva.
También el director territorial de Intermón-Oxfam, José
Luis Quintela, ha defendido la necesidad de convertir al sector textil en un
“verdadero motor de cambio en el mundo, que colabore en la redistribución
de la riqueza” y criticó a las marcas deportivas por ocultar sus
“abusos” detrás del “glamour de sus anuncios publicitarios”.
“El 1% de lo que Nike se gasta en un anuncio serviría para sacar
de la pobreza a miles de personas que trabajan en sus fábricas de Asia”,
aseguró Quintela.
Según los datos de un informe elaborado en el marco de la “Campaña
Ropa Limpia” sobre el sector textil en un año olímpico,
los trabajadores de las zonas asiáticas y de Europa del Este que producen
para las grandes marcas deportivas han de cumplir jornadas laborales “de
16 horas diarias por salarios de 12 dólares al mes”.
El informe señala que el mercado mundial de ropa y calzado deportivo
generó en 2002 alrededor de 67.700 millones de euros, pero la caída
de los precios y el incremento de los costes de producción han provocado
que “los trabajadores del final de la cadena trabajen más en menos
tiempo y a cambio de menos dinero”. En el informe se denuncia que “a
pesar de ello, el movimiento olímpico, en particular el Comité
Olímpico Internacional (COI), ha guardado un increíble silencio”
e insta a esta organización deportiva a que “reafirme su compromiso
de defender la dignidad humana”.

Disney emplea sustancias químicas peligrosas en la ropa infantil
Como colofón a esta larga lista de arbitrariedades, no podemos menos
que recordar que hasta la marca Disney aprovecha cualquier resquicio legal para
obtener más beneficios a menor costo, y que sólo las reiteradas
denuncias que le están lloviendo pueden lograr que deje de lucrarse a
costa, en este caso, de la salud de los consumidores más débiles:
los niños.
Greenpeace presentó el pasado 15 de abril un informe que documenta la
presencia de sustancias químicas en prendas de ropa infantil de Disney
que, a largo plazo, pueden resultar peligrosas para la salud. Según informa
dicha organización, estas prendas, que incluyen camisetas, sudaderas,
pijamas y ropa interior, fueron compradas en tiendas situadas en 19 países.
El laboratorio independiente danés Eurofins analizó las partes
estampadas con los típicos dibujos de Disney para identificar el número
de sustancias químicas que contenían.
El informe, titulado “Ropa Tóxica, marca Disney”, revela
que la mayoría de las prendas analizadas contienen sustancias químicas
peligrosas. Las sustancias químicas –halladas en los dibujos estampados–
se encuentran presentes debido probablemente al uso de plastisoles de PVC como
técnica de estampación.
“Si a Disney le importase el contenido químico de su ropa infantil
podría pedir que se sustituyeran o evitaran las sustancias químicas
peligrosas en sus productos, como ya han hecho otros como H&M”, ha
declarado la responsable de Tóxicos de Greenpeace, añadiendo que
“además, este informe demuestra que no es necesario utilizar sustancias
químicas tóxicas para hacer camisetas, ya que existen alternativas
seguras”.
Los fabricantes tienen un papel muy importante en la reducción de la
presencia de sustancias químicas peligrosas en productos de consumo;
algunos ya usan una técnica de estampación alternativa que no
utiliza sustancias químicas peligrosas, y sustituyen el PVC y las estampaciones
de PVC en todos sus productos.
Greenpeace exigió a Disney en 2003 que asumiera su responsabilidad de
eliminar o sustituir las sustancias químicas peligrosas de sus productos.
La reacción de Disney consistió en comunicar que sus productos
están dentro de los márgenes legales, por lo que no veían
la necesidad de actuar en este sentido.
El informe de Greenpeace y los resultados de los análisis llegan en un
momento crucial, ya que la UE está debatiendo una propuesta de directiva
que regulará la industria química. El texto original de la legislación
propuesta, denominada REACH, está basado en el principio de sustitución.
Esto significa que si una empresa está usando una sustancia peligrosa
en un producto cuando existe una alternativa más segura, estará
obligada legalmente a acabar con el uso de esa sustancia.
“Lamentablemente, las instituciones de la UE han tenido mucha presión
de la industria química y de algunos gobiernos, como el de Estados Unidos,
para debilitar el principio de sustitución en el texto”, ha declarado
Juan López de Uralde. “A menos que los gobiernos de la UE hagan
algo por eliminar esta laguna, empresas como Disney podrán seguir vendiendo
libremente productos que contengan sustancias químicas que pueden afectar
a la salud infantil, a pesar de que existen alternativas más seguras”.
A nivel internacional, el Convenio de Estocolmo intenta la prohibición
de la producción y uso de Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COPs) a través de la búsqueda de alternativas medioambientalmente
más seguras.