Veneno hasta en la sopa

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    El veneno nos invade. Las sustancias químicas peligrosas producidas por
    el hombre están presentes en los alimentos, en el aire, en el agua y hasta en
    las paredes y los muebles de nuestro aparentemente inofensivo hogar. El pescado
    que consumimos contiene metales pesados, la carne está llena de agentes
    contaminantes legales e ilegales, las frutas y verduras nos llegan impregnadas
    de fertilizantes y plaguicidas, el CO2 de los vehículos y las
    calefacciones se ha apoderado del aire de las ciudades, el agua de los ríos y
    embalses llega a nuestro domicilio adulterada o contaminada. Incluso los
    materiales más utilizados en la construcción de viviendas están repletos de
    compuestos cancerígenos.

    Pese a los controles sanitarios y la legislación reciente, todos corremos
    el riesgo de ser víctimas de los productos tóxicos producidos por la industria
    química; la humanidad entera es un grupo de riesgo. Y los que vivimos en este
    país, estamos especialmente expuestos a los venenos químicos. Así por ejemplo,
    España acaba de situarse a la cabeza de la Unión Europea en consumo de amianto.
    Hemos tomado el relevo en el ranking a Francia, que el verano pasado decidió
    prohibir este material cancerígeno al comprobarse que causaba cerca de 2.000
    víctimas anuales. La prohibición entrará en vigor el 1 de enero, y desde
    entonces Francia se sumará a Alemania, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia y
    Finlandia, países donde la prohibición ya es un hecho. El amianto azul ya fue
    desterrado de la Unión Europea, pero el blanco, presente en la uralita, es muy
    utilizado en España, donde se producen más de 150 fallecimientos cada año por
    «mesioteloma» (tumores malignos de pleura), enfermedad asociada a este
    material.

    El amianto, junto con el plaguicida DDT y los clorofluorocarbonados (CFC)
    de los pulverizadores, fue considerado como un producto milagroso que
    simbolizaba el progreso en la década de los 70. Pero la solución no consiste en
    sustituir las viejas tuberías y techumbres de uralita por las más modernas de
    PVC, ya que este nuevo material es incluso mucho más peligroso.

    El Cloruro de Polivinilo (PVC), tan utilizado en toda clase de productos
    (botellas de agua, envases de productos alimenticios, juguetes, discos,
    materiales de construcción, interior de automóviles, etc.), perjudica seriamente
    la salud y el medio ambiente durante todo su ciclo de vida. En su proceso de
    fabricación se liberan sustancias peligrosísimas, como dioxinas, furanos,
    cloruro de vinilo, tetracloruro de carbono, etc. Durante su utilización, el PVC
    libera aditivos tóxicos que producen cáncer, enfermedades respiratorias,
    infertilidad, ataca el sistema inmunológico, el sistema nervioso, etc. No es
    biodegradable, por lo que termina contaminando la tierra, el agua e incluso el
    aire, ya que cuando es incinerado desprende de nuevo dioxinas, sustancia ésta
    70.000 veces más tóxica que el cianuro.

    El PVC ya ha sido prohibido en algunos países, pero no así en España,
    donde su producción y consumo continúa a un ritmo ascendente, pese a las
    campañas internacionales de los ecologistas. El pasado mes de septiembre, el
    diputado vasco de Los Verdes Juantxo Domínguez presentó una moción instando al
    gobierno de España a posicionarse en contra del comercio de PVC. Sin embargo, el
    Ministerio de Medio Ambiente sigue haciendo oídos sordos a las demandas
    ecologistas y recientemente aprobó una «ley de envases y embalajes»
    absolutamente ineficaz para hacer frente al problema de los residuos, y que no
    incluye ninguna medida tendente a la reducción del consumo de PVC.

    Por el contrario, el gobierno sigue apostando por las incineradoras,
    mientras en otros países hace años que se ha abandonado esta política de
    residuos por sus consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. El
    problema de las incineradoras ha llegado a los tribunales. En octubre, el
    Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó un auto por el que se supedita la
    puesta en marcha de la Incineradora de Valdemingómez al dictamen de un equipo
    científico supuestamente independiente, cuyas conclusiones serán conocidas antes
    de que acabe el año. De momento, los primeros controles de esta planta ya han
    dado emisiones de dioxinas por encima de lo permitido. La Incineradora de
    Valdemingómez está ubicada a escasos 4 Kms. de Mercamadrid, desde donde se
    distribuyen casi todos los alimentos animales y vegetales que se consumen en la
    región.

    La imagen de los habitantes de La Coruña, apestados por el derrumbamiento
    del vertedero municipal, caminando por sus ensortijadas callejuelas tapándose la
    nariz con un pañuelo, dio la vuelta al mundo a finales de septiembre y
    principios de octubre. Esta escena no hace más que confirmar lo que ya se venía
    apuntando, desde hace tiempo: es urgente cambiar la política de residuos. Sin
    embargo, la Administración carece por completo de sensibilidad ecológica.

    Así lo demuestra nuestra Ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino,
    cuando, en declaraciones recientes, insiste en que España necesita incrementar
    un 15% sus emisiones contaminantes de CO2, el principal agente
    causante del calentamiento del planeta y el efecto invernadero.