Dossier El Decreto De La Polémica

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    El gobierno decreta la «caza de brujas»

    contra las medicinas naturales

    El nuevo gobiemo, a través de su Ministro de Sanidad y Consumo Jose
    Manuel Romay, ha declarado una guerra soterrada contra el sector de los
    productos y las terapias naturales y alternativas. Un Real Decreto -publicado en
    pleno mes de agosto para eludir la contestación social- pretende criminalizar la
    promoción de toda una serie de «productos, actividades o servicios con
    pretendida finalidad sanitaria».

    El Decreto señala que «cualquier producto, material, sustancia, energía o
    método que pretenda fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos, así como su
    publicidad y promoción» estará sometido a los controles y autorizaciones de las
    autoridades sanitarias. Pero no concreta cuáles sino que alude genéricamente,
    entre otros, a los siguientes:

    1.- Los destinados a prevenir o tratar cáncer, insomnio, diabetes,
    enfermedades del metabolismo, etc.

    2.- Los que sugieran propiedades adelgazantes.

    3.- Los que no se ajusten a los requisitos de la Ley del
    Medicamento.

    4.- Los que proporcionen seguridades de alivio o curación cierta.

    5.- Los homologados por las autoridades sanitarias de cualquier
    país.

    6.- Los que hagan referencia a su uso en centros sanitarios o a su
    distribución en farmacias.

    7.- Los avalados por testimonios de profesionales o personas famosas para
    inducir al consumo.

    8.- Los que pretendan sustituir el régimen de alimentación o nutrición
    comunes.

    9.- Los que atribuyan a determinadas formas, presentaciones o marcas de
    productos alimenticios de consumo ordinario, concretas y específicas propiedades
    preventivas, terapéuticas y curativas.

    10.- Los que atribuyan a productos alimenticios destinados a regímenes
    dietéticos propiedades preventivas o curativas distintas de las
    reconocidas.

    11.- Los que atribuyan a productos cosméticos propiedades distintas a las
    reconocidas.

    12.- Los que sugieran o indiquen que su uso o consumo potencian el
    rendimiento físico, psíquico, deportivo o sexual.

    13.- Los que utilicen el término «natural» asociado a efectos preventivos
    o terapéuticos.

    14.- Los que atribuyan carácter superfluo o pretendan sustituir la
    utilidad de los medicamentos o productos sanitarios legalmente
    reconocidos.

    15.- Los que atribuyan carácter superfluo o pretendan sustituir la
    consulta o la intervención de los profesionales sanitarios.


    16.- Los que se atribuyan efectos preventivos o terapéuticos específicos
    que no estén respaldados por pruebas técnicas o científicas reconocidas por la
    Administración.

    El Decreto prohibe expresamente a los profesionales sanitarios respaldar
    públicamente utilidades preventivas, terapéuticas, de rehabilitación, etc., o
    amparar la promoción o publicidad de los productos y servicios aludidos. La
    publicidad de los centros sanitarios y de los servicios que estos ofrecen deberá
    ajustarse a la autorización sanitaria que posean. Cualquier otro tipo de
    publicidad de los centros o servicios requerirá autorización expresa
     de las autoridades.

    Este decreto ha desatado una gran polémica entre los profesionales de las
    terapias alternativas y los productores, distribuidores y comercializadores de
    productos naturales. Las asociaciones profesionales han solicitado al Ministerio
    la suspensión de esta medida, que no tiene precedente en ningún país democrático
    del mundo, y anuncian contundentes movilizaciones. Acusan al gobierno de
    legislar al dictado de las multinacionales de la industria farmacéutica y
    anuncian que están dispuestos a movilizar a millones de consumidores y usuarios
    habituales de estos productos y terapias para hacer frente a lo que consideran
    una auténtica «caza de brujas» por parte del gobierno, que podría acarrear el
    cierre masivo de clínicas y herbolarios, ya que el decreto es una especie de
    cajón de sastre en el que cabe todo, y no distingue un roto de un descosido. «Lo
    que pretende este gobierno -asegura la directora de una prestigiosa tienda de
    herbodietética- es que se prohiba a la gente beber zumo de naranja y se les
    obligue a consumir sucedáneos farmacéuticos, pastillas efervescentes de vitamina
    C y cosas por el estilo. Es un decreto arbitrario que atenta contra la salud de
    los españoles y solo beneficia a la industria farmacéutica, más preocupada por
    su cuenta de resultados que por el bienestar social. A este paso tendremos que
    comprar los preparados naturales en el mercado negro, exponiéndonos al fraude y
    a la adulteración de los mismos, como si fuéramos delincuentes o drogadictos. Es
    anticonstitucional y antisocial. Una vez más ha prevalecido la lógica del dinero
    sobre la lógica de la razón y el bienestar social».

    Muchos no acaban de creérselo y acusan de hiperfranquista la medida del
    gobierno. Por decreto-ley, Franco prohibió el ejercicio de la homeopatía y,
    mientras los preparados homeopáticos eran suministrados gratuitamente por la
    Seguridad Social en otros países europeos, en España los homeópatas fueron
    perseguidos hasta la muerte del dictador. Ahora, el gobierno de José María Aznar
    ha ido mucho más lejos aún, decretando la persecución de los productos naturales
    que no figuran en la lista de especialidades farmacéuticas. Los terapeutas
    podrán mantener abiertas sus consultas, pero se les impide utilizar las
    herramientas necesarias para el libre ejercicio de su profesión.


    Estos días, la redacción de nuestro periódico se ha visto desbordada ante
    el aluvión de llamadas y escritos de productores, expendedores y terapeutas que
    han querido expresar su indignación contra el Decreto Romay, por lo que hemos
    decidido sumarnos al sentir generalizado de nuestros lectores confeccionando
    este dossier especial, en el que publicamos algunos de los textos que nos han
    sido remitidos. Las asociaciones profesionales también nos han hecho llegar sus
    escritos de protesta. La conclusión es casi unánime: el decreto es tremendamente
    lesivo e injusto y tendrá que ser retirado por el gobierno si no quiere que sea
    peor el remedio que la enfermedad.

    Las asociaciones representativas de los sectores afectados hacen hincapié
    en que no se oponen a una «regularización racional» de la promoción y publicidad
    de productos y servicios «naturales» o «alternativos», pero no están dispuestas
    a tolerar medidas arbitrarias, indiscriminadas y abusivas que sólo benefician a
    las multinacionales farmacéuticas. Por nuestra parte, nos limitamos a cumplir
    nuestro compromiso expresado en el Editorial del Nº 16 de «Natural»: «poner
    nuestras páginas al servicio de quienes intentan dignificar estos sectores
    afanándose por mejorar la calidad de los productos, intervenir en la defensa de
    sus derechos, estimular el debate sobre la necesidad de interlocutores y
    contenidos de consenso para negociar cuanto haga falta con la Administración».

    Animamos a nuestros lectores a seguir expresándose con toda libertad a
    través de nuestras páginas. Que nadie dude de que seguiremos a su lado,
    respaldados por el artículo 20 de la Constitución que consagra el derecho «a
    expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
    palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción». Mientras los nuevos
    inquisidores del gobierno y en particular los redactores del Decreto Romay,
    sigan empeñados en ignorar la Carta Magna, tendremos que volver a recordarles
    que «el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo
    de censura previa».

    A pesar de la promulgación de este Decreto, hemos podido constatar que
    los grandes medios de comunicación públicos y privados siguen anunciando
    productos y servicios afectados, lo que viene a poner en evidencia la
    inviabilidad del mismo, ya que el Estado carece de los mecanismos necesarios
    para su efectivo cumplimiento. Sin embargo, mucho nos tememos que se intente en
    el futuro proceder contra otros medios menores mediante medidas ejemplarizantes
    de escarnio cuyas víctimas se encuentren en un plano de indefensión. Por tanto,
    debemos permanecer alerta y movilizarnos en caso de que se proceda, por parte de
    la Administración, a sancionar o clausurar arbitrariamente cualquier Centro
    terapéutico, publicación o establecimiento comercial, en aplicación de este
    decreto, sin la debida justificación.

     

    Fermín Cabal:

    Los profesionales anuncian
    movilizaciones

    En esta entrevista, el Presidente de la Confederación Internacional de
    Acupuntura y Medicinas Ancestrales Naturales (CIAMAN), veterano luchador por los
    derechos de los profesionales de estas terapias, muestra su enojo e indignación
    por lo que considera «un atentado contra el propio sentido de la historia».
    Personaje polémico y trepidante, pionero de estas técnicas parasanitarias en
    nuestro país, Fermín Cabal nunca se ha mordido la lengua a la hora de denunciar
    a quienes anteponen el lucro a la salud y la calidad de vida.


     


    P- Como Presidente de ALAIDAM y AHINACO, ¿qué opinión le merece el
    Decreto del Ministerio de Sanidad?

     

    R- Es un Decreto arbitrario porque pretende proteger a una clase
    profesional, la de la medicina oficial, en contra de los intereses de otra clase
    profesional, la de quienes practican las medicinas ancestrales y naturales, que
    es tan respetable como la anterior. En esa medida, es un Decreto inmoral porque
    establece una «caza de brujas» contra un sector profesional que tiene acreditado
    una efectividad terapéutica y una función social incontestable. Es imposible de
    aplicar y el gobierno, más pronto que tarde, se verá obligado a rectificarlo.

     

    P- Como abogado, ¿no cree que existe contradicción entre este Decreto
    y otras leyes o directivas anteriores?

     

    R- Es una barbaridad jurídica desde cualquier punto de vista. Constituye
    una violación flagrante del artículo 20 de la Constitución que consagra la
    libertad de pensamiento, opinión e información. Contradice el Real Decreto 1175
    de 28-9-90 en el que se delimitan las actividades profesionales sanitarias y
    parasanitarias. Si los que la terminología oficial denomina «parasanitarios»
    somos tributantes a las arcas del Estado, ¿por qué no nos ampara el Ministerio
    de Sanidad?

    ¿ por qué Hacienda establece un epígrafe especial para nuestras
    actividades y sin embargo se nos ignora desde Sanidad? Con este Decreto, Sanidad
    enarbola una bandera en favor de la medicina oficial en detrimento de nuestro
    sector, que cotiza a Hacienda igual que cualquier otro. La medicina natural es
    la medicina tradicional de los siglos. La medicina oficial es una medicina
    alternativa a la nuestra. El Decreto establece un agravio comparativo imposible
    de justificar. También contradice dos sentencias del Tribunal Supremo, una
    resolución del Tribunal Constitucional sobre un recurso del Colegio de Cádiz que
    pretendía an
    ular nuestra profesión, y contraviene
    probablemente la directiva 93/42 del Consejo de Europa que es de obligado
    cumplimiento para todos los países miembros de la Unión, así como otras
    resoluciones de Estrasburgo en las que se reconocen y regulan las actividades de
    las medicinas complementarias.

    Por otra parte, la ley por la que se creó el Consejo de Sanidad dice que
    en el mismo deben estar representadas todas las medicinas, pero esto no se
    cumple porque el Ministerio está vetando la presencia de los representantes de
    nuestro sector, conculcando nuestros derechos. El Ministerio nos discrimina y
    trata de situarnos en un plano de indefensión evidente. ¿Es esto una actitud
    democrática a la hora de abordar este tema?

     

    P- Entonces, ¿a quién beneficia este decreto?

     

    R- Se ha promulgado en agosto para evitar la contestación social. Es una
    catástrofe para nuestra profesión y sólo beneficia a las multinacionales
    farmacéuticas. Los consejeros de sanidad han esperado el momento en que nos
    encontramos más dispersos, pero en septiembre haremos una piña. Nos reuniremos
    con los productores y fabricantes de productos naturales y con los herbolarios
    para diseñar una estrategia de contestación.

    Por lo visto al gobierno del PP le gusta crear problemas, cosa que nos
    preocupa entrañablemente. El PP ignora que a quien daña más es al enfermo.
    Nosotros somos pacifistas por naturaleza pero ¿qué dirán los cientos de miles de
    enfermos curados por nuestros inocuos, pero curativos, remedios? Nuestros
    enfermos, son incluso los propios médicos y sus familias. Es oportuno traer aquí
    la frase lapidaria de Sammuel Hahnemann, padre de la Homeopatía que dice
    textualmente: «En el arte de curar, dejar de aprender es un crimen». El señor
    Ministro debería meditar la extensión de esta frase. No vamos a cruzarnos de
    brazos mientras intentan anatematizarnos precisamente quienes, abusando de
    sustancias químicas venenosas, se lucran comercializando productos a menudo
    nocivos o ineficaces. Por regla general, nuestros productos son inocuos y
    carecen de efectos secundarios.

     

    P- Pero, ¿no cree que el gobierno tiene la responsabilidad de velar y
    legislar para evitar el fraude en los productos y servicios
    sanitarios?

     

    R- Eso es precisamente lo que venimos reclamando nosotros. Que se regule
    el ejercicio de nuestra actividad profesional y que se articulen medidas para
    evitar la picaresca que se produce tanto en el sector de la medicina oficial
    como en el otro. Que se nos escuche, que se nos admita en el Consejo de Sanidad.
    Pero hasta ahora el gobierno ha carecido por completo de sensibilidad hacia las
    inquietudes y demandas de nuestro sector. Condenándonos a la clandestinidad lo
    que hace el gobierno es favorecer el fraude y la picaresca, y todo desde la
    conculcación de la ley, lo que hace más grave el problema. El gobierno debe
    respetar la ley y no lo hace. Es triste contemplar que se repite la historia: si
    los socialistas no respetaban la ley en esta materia, el PP tampoco.


     

    P- ¿Qué sectores se verán afectados por este decreto?.

    R- Los productores, los fabricantes y distribuidores de productos
    naturales, los terapeutas y también los herbolarios y empresas
    comercializadoras. Todos se verán afectados por igual.


    P- ¿Cuál puede ser la repercusión económica en estos
    sectores?

     

    R- El decreto es tan vejatorio y ultrajante que será imposible de
    cumplir. Es impensable que tengan que cerrar clínicas y herbolarios. Confiamos
    en que el gobierno rectifique y suspenda el decreto antes de que la repercusión
    económica llegue a ser irreversible. Todavía no nos explicamos cómo se nos puede
    condenar sin antes ser escuchados. Tenemos detrás a millones de ciudadanos que
    utilizan nuestros remedios y terapias para mejorar su salud, que han comprobado
    sus ventajas respecto a los productos y servicios de la medicina oficial.
    Nuestros «remedios» son dulces y jamás dejan secuelas, frente a la agresividad
    de la farmacopea, lo que hace válido el dicho, para los fármacos químicos, de
    que es peor el remedio que la enfermedad. ¿Es que el Ministro no quiere
    enterarse de lo que está sucediendo todos los días en la calle?


     

    P- ¿Cómo van a oponerse los profesionales a este Decreto?

     

    R- Nos vamos a movilizar de inmediato porque este Decreto no tiene
    precedentes en ningún país del mundo. Resulta increíble que mientras casi todos
    los gobiernos de Europa están amparando y protegiendo nuestra actividad, en
    nuestro país se quieran aplicar leyes tan restrictivas que van contra el propio
    sentido de la historia.

    Estamos desencantados con el nuevo gobierno del PP. Vamos a dirigir un
    escrito al Ministro de Sanidad solicitándole la suspensión del decreto y vamos a
    convocar en septiembre una reunión urgente de la Mesa de las Asociaciones
    profesionales de la medicina natural que se constituyó hace dos años. A esta
    reunión invitaremos a los representantes del resto de los sectores afectados
    para consensuar la respuesta contundente que este Decreto merece. Entre tanto,
    pediremos a todos los afectados que guarden la calma, pero que se mantengan
    alerta.

     

    Decreto inquisitorial

    Francisco Martín

    Secretario General de la Unión Internacional Vegetariana

    El nuevo Real Decreto 1907/1996 -que difuculta o impide la práctica legal
    de la medicina natural en España-, es una ley social e ideológicamente
    inquisitorial mediante la cual la Administración sanitaria del Estado se pone
    abiertamente al servicio de la poderosa industria farmaceútica al acallar las
    voces disonantes de quienes cuestionan sus métodos y la fuente de sus pingües
    beneficios, obtenidos gracias a la ignorancia generalizada de los consumidores
    en materia de salud.

    El nuevo decreto, lejos de garantizar la salud pública o prevenir
    posibles riesgos derivados del uso de productos medicinales y dietéticos de
    origen natural para tratar las dolencias humanas, pretende hacer avanzar e
    imponer, legal y psicológicamente, los postulados de la medicina alópata,
    desautorizando al creciente número de detractores conscientes de
     
    sus devastadores efectos iatrogénicos, que cuestionan los
    «milagros» de la farmacopea oficial.

    La popularidad de las medicinas dulces no invasivas entre los
    consumidores informados representa, además de una clara falta de confianza en la
    medicina oficial, un claro rechazo del sistema, una «insolente osadía» que los
    poderes públicos y la industria farmacéutica no están dispuestos a tolerar, por
    lo que pretenden valerse de un decreto dictarorial -que atenta gravemente contra
    la libertad de opinión y los derechos más elementales recogidos en la
    Constitución- para manipular a los consumidores y sembrar el miedo y la
    desconfianza, con el propósito de lograr determinar, controlar e imponer a la
    sociedad su modelo de salud, y sus criterios dietéticos.


    El hecho de que el mantenimiento de la salud no es una ciencia exacta lo
    confirman los innumerables errores terapéuticos de las medicinas oficiales, que
    cuestan la vida y la salud a muchas personas cada año. Por lo cual, carece de
    sentido pretender determinar los criterios de veracidad o utilidad de los
    productos o sustancias vegetales de origen natural, en materia de publicidad,
    solamente en base a su aceptación o falta de aceptación oficial, según establece
    el artículo 1 de dicha ley que trata sobre el control sanitario de la
    publicidad, ante la aparente incapacidad de evitar los estragos causados por las
    medicinas oficiales.

    La prohibición de los remedios secretos, según establece el artículo 2 de
    la Ley del Medicamento, no tiene en cuenta que todo producto químico sanitario
    convencional, además de carecer de fiabilidad debido a los protocolos de
    investigación erróneos a los que se someten -basados en la experimentación con
    animales de otras especies de los que se obtienen datos que no son válidos ni
    extrapolables científicamente al ser humano-, tienen una carga determinada o
    indeterminada de letalidad que se manifiesta a través de los efectos no deseados
    de sus componentes químicos y artificiales denominados «efectos secundarios»,
    cuyo uso puede dar lugar a desequilibrios orgánicos generalizados que
    posteriormente son tratados con nuevas medicinas para tratar de contrarrestar
    los efectos perjudiciales de las prescripciones anteriores. Los fármacos
    autorizados siempre vienen acompañados de una lista incompleta de
    contraindicaciones y posibles riesgos que varían según las diferentes especies
    en las que han sido testados y probados como «seguros» antes de poder determinar
    las reacciones que producen en el ser humano.

    El artículo 4, referente a las prohibiciones y
    limitaciones de la publicidad con pretendida finalidad sanitaria
    , atenta
    flagrantemente contra la libertad de acción y expresión de quienes defendemos
    que la mejor forma de preservar la salud consiste en hacer que nuestros
    alimentos se conviertan en nuestra mejor medicina, mediante una alimentación
    vegetal sana carente de productos químicos y de toxinas de origen animal
    contraria a los postulados dietéticos oficiales, que ignoran que los alimentos
    vegetales frescos están reconocidos como sustancias recomendables para prevenir
    las enfermedades nutricionales como el cáncer o la diabetes.


    El interés de las autoridades por la salud pública carece de toda
    credibilidad teniendo en cuenta que, en vez de promover una política oficial
    activa de educación sanitaria, tratan de proscribir los métodos de curación
    natural, mientras legalizan y fomentan institucionalmente, con dinero público,
    encierros y espectáculos taurinos degradantes que, además de herir la
    sensibilidad ciudadana, dañan psíquica y físicamente la salud de los
    ciudadanos.

    Las medicinas dulces deberían ser consideradas sustitutivas y no
    alternativas -como se conocen comunmente-, por tener una eficacia ampliamente
    probada, al contrario de lo que sucede con el uso de la farmacopea oficial, que
    mina nuestra salud y nuestra resistencia inmunológica a las enfermedades,
    actuando como bomba de relojería en nuestro organismo. Los efectos preventivos o
    terapéuticos de los productos a base de sustancias vegetales conocidas y de los
    alimentos vegetales frescos tienen una eficacia milenaria probada, con la
    ventaja -por ser productos naturales- de carecer de peligrosos efectos
    secundarios.

    La utilidad de los medicamentos oficiales no puede ni debe hacerse valer
    por decreto, sobre todo si sus supuestos beneficios son muy debatibles y su
    fiabilidad muy cuestionable, precisamente porque su uso se relaciona con el
    tratamiento de los síntomas y no con prácticas preventivas de las causas o la
    raíz de las enfermedades que padece el ser humano. La sanidad pública carece de
    mandato para legislar en contra de los legítimos intereses de los ciudadanos que
    desean vivir en armonía con las reglas de la Naturaleza y debe, por lo tanto,
    respetar y promover las terapias naturales de interés social de probada
    fiabilidad y eficacia científica.

    Peor el remedio que la
    enfermedad

    Sociedad Española de Naturopatía

    Estamos en un país y en unos tiempos en que la incoherencia parece haber
    dejado de ser una mala política:

    Asume el poder el Partido Popular y arremete contra la medicina popular.
    Nos prometen libertad y decretan 19 prohibiciones de talante totalmente
    paternalista.

    Algunas prohibiciones son tan pintorescas como que no se puede hacer
    publicidad de productos, energías o métodos que pretendan sustituir al régimen
    de alimentación común sin indicar qué es esto del régimen común. O tan
    conflictivas como la que prohibe sugerir que su consumo o uso potencia el
    rendimiento físico, psíquico o deportivo.

    O tan curiosas como la que incluye al insomnio junto al cáncer y prohibe
    promocionar productos, energías y métodos para prevenirlo o tratarlo, salvo
    naturalmente que se trate de especialidades farmaceúticas.


    En fin, que parece ser que el mal uso de las energías (excepto la
    nuclear) preocupan grandemente al Ministerio y sólo podrán promocionarse las que
    previamente se hayan controlado como especialidades farmacéuticas. Igual decimos
    con referencia a los métodos preventivos del insomnio, la diabetes o el
    cáncer.

    Está muy bien prohibir la promoción de remedios secretos (que ya estaban
    prohibidos por la Ley del Medicamento), o el mal uso de palabras como natural o
    que prometan lo que no se puede prometer, pero pensamos que por el motivo que
    sea se ha caído en el defecto de ser excesivamente prolijo y riguroso y según
    con que criterios se aplique este Decreto se llenarán los Juzgados y los
    despachos de la Administración de pleitos y papeles, cuando era ya suficiente la
    legislación anteriormente existente.

    Estas prohibiciones, pretendidamente contra la libertad de expresión y en
    algunos casos pueden entrar en colisión con la Constitución, sin duda levantarán
    protestas y problemas con los medios de comunicació pero lo que es peor, colocan
    a una serie de creencias y métodos de salud antiquísimos y cada día más
    solicitados, en los campos de la clandestinidad y a merced del sistema de
    comunicación «de boca a boca» totalmente incontrolable. Así que será peor
    el remedio que la enfermedad.

    Según Santo Tomás, las leyes son «la ordenación de la razón dirigida al
    bien común», y la democracia obliga a oír previamente a todos los afectados y a
    tomar en consideración sus argumentos. En este caso, no hay duda de que hay
    varios colectivos profesionales que pagan rigurosamente sus impuestos para poder
    trabajar y que no han sido consultados ni siquiera tenidos en cuenta.


    Se dirá que este decreto es fruto de una calentura de verano. Según la
    medicina popular, esto se trata simplemente con compresa o envolturas de agua
    fría y olvídese de los antipiréticos.

    En fin, siempre es bueno reflexionar y dialogar y superar la natural
    prepotencia del vencedor. Porque al fin y al cabo, en un día más o menos próximo
    todos seremos fatalmente vencidos, y entonces lo que perdurará será el recuerdo
    del honrado bienhacer de cada uno.

     

    «Es como una pesadilla»

    Entrevista con Julio Alonso

    Naturópata, Osteópata y Director del Centro de Terapias
    Naturales Itaca

    P.- ¿Qué opinión te merece este Decreto?

    R.- Es como una pesadilla, como volver a la época en que no se podía
    hablar. Yo era muy joven en la época del fascismo pero recuerdo que había cosas
    que no se podían decir, no había libertad. Al leer el Decreto tuve una sensación
    parecida, de no poder expresarme, de sentirme censurado. El Decreto es un
    verdadero atentado a la libertad de expresión, una patada a la
    Constitución.

    P.- Entonces, ¿cuál crees que es la intención del gobierno al
    promulgarlo?

    R.- Da la impresión de que se hubieran reunido todos los poderes fácticos
    relacionados con la industria farmacéutica y que se hubieran puesto de acuerdo y
    que han aprovechado este momento de silencio operativo que es el mes de agosto
    para evitar cualquier respuesta de la opinión pública. El Decreto atenta contra
    la libertad de la persona de recibir una información amplia y general respecto a
    la salud. No se puede hablar de determinados temas de salud si no es pidiendo
    una autorización previa al Ministerio de Sanidad. Sólo se puede opinar sobre lo
    que está autorizado.

    P.- ¿En qué medida se van a ver afectados los profesionales de la
    salud?

    R.- Creo que si uno se deja amedrantar por esa ley y tiene miedo a la
    hora de hablar, nos veremos afectados para expresar nuestras opiniones. Nos
    afecta a los terapeutas pero muchísimo más al sector de la herbodietética, al
    sector de los productores de determinados sistemas destinados a mejorar el
    confor y la calidad de vida de los ciudadanos. Entiendo que ha habido a veces
    una publicidad abusiva de determinados métodos, productos o aparatos y que el
    gobierno debería intervenir para regularlo pero creo que la medida es exagerada
    y extrema y que si se aplica al pie de la letra va a afectar a muchos sectores
    relacionados con la salud a los que se les está privando de la posibilidad de
    anunciarse o de promocionarse.

    P.- ¿Crees que los sectores afectados deberían emprender alguna
    iniciativa de contestación?

    R.- Deberían hacer un acuerdo colectivo, organizarse en una plataforma
    para protestar contra el Decreto y negociar con las autoridades la corrección de
    algunos pasajes del Decreto.

    P.- ¿Contribuirá este Decreto a evitar la picaresca?

    R.- La única manera que tiene el gobierno de evitar la picaresca es
    regularizando el ejercicio de las profesiones relacionadas con las medicinas
    alternativas de una manera coherente, haciendo que la Acupuntura, la Naturopatía
    y otros métodos terapéuticos no académicos o no ortodoxos lleven su propio ciclo
    de aprendizaje en una universidad pública asequible a todas las personas y de
    esta manera estaría reglada la enseñanza de estas terapias. En cuanto a los
    productos, es lógico exigir una serie de controles de calidad, pero no
    necesariamente a través del Registro de especialidades farmacéuticas. En Japón
    exite lo que se llaman «productos funcionales» que sin ser considerados
    medicamentos sí tienen reconocidaunas aplicaciones terapéuticas, ya que pueden
    ayudar a la gente a mejorar su salud. Ese concepto de «producto funcional» que
    ya es reconocido por la Administración japonesa, debería aplicarse en España a
    algunos productos herbodietéticos que pueden demostrar su utilidad terapéutica,
    preventiva y sanitaria.

    «Apaga y vámonos»

    P- ¿Qué opinión le merece el Decreto del Ministerio de
    Sanidad?

    R- Me parece totalmente ambiguo. Hace referencias nada concretas a unos
    productos determinados que se consideran naturales o de venta en tiendas
    dietéticas. Pienso que el Ministerio no ha sabido catalogar o definir cuál es el
    campo de estos productos. En lugar de catalogar o regular estos productos se ha
    dictado una ley que los prohibe. Creo que con leyes prohibicionistas no se
    soluciona nada y lo único que se hace es dejar al público sin toda una serie de
    remedios que necesita y que después no va a poder encontrar en el
    mercado.

    P- ¿Qué sectores se pueden ver afectados, perjudicados o beneficiados,
    por este Decreto?

    R- Beneficia a la industria farmacéutica, a las especialidades médicas
    reguladas y perjudica por ejemplo al sector que trata de mejorar un producto
    alimenticio y elevar su calidad con plantas medicinales o productos vegetales
    para una mejor prevención. Si no puedes hacer promoción de una alimentación que
    va a mejorar la salud, entonces apaga y vámonos.

    Entrevista con Pablo Saz Peiró. Médico

    Pagarán justos por pecadores

    José Manuel Martorell. Director Editorial de la revista
    Fitomédica

    El Decreto pretende, y lo consigue, limitar al máximo la publicidad y
    promoción comercial de aquellos productos, materiales, sustancias, energías o
    métodos que se anuncian o presentan como útiles para el diagnóstico, prevención
    o tratamiento de enfermedades o desarrollos fisiológicos, modificación del
    estado físico o psicológico, restauración, corrección o modificación de
    funciones orgánicas, etc., y que no se ajustan a las normas especiales que ya
    regulan los productos con finalidad sanitaria y que además en ocasiones tampoco
    cumplen las exigencias de necesidad, claridad e información sobre su contenido,
    composición, naturaleza y efectos.

    Es sabido que entre este tipo de productos, actividades o servicios con
    pretendida finalidad sanitaria, se han suscitado presuntos fraudes para sus
    consumidores y usuarios. Estos casos son los que han provocado este Real
    Decreto, en el que, como siempre ocurre, pagarán justos por pecadores, ya que
    los casos que en él se contemplan, se extienden a productos, actividades o
    servicios que sin ninguna base científicca, ni tradición empírica suficiente que
    los avale, son objeto de la ingeniería del Marketing, produciendo en sus
    consumidores y usuarios la consiguiente decepción, cuando no una complicación de
    su estado físico o psíquico.

    Parece que la estrategia utilizada por nuestros legisladores es la de
    establecer mecanismos de prohibición y no la de la regulación de todo aquello
    que es fruto de la demanda social y los avances científicos y
    tecnológicos.

    Espero y confío en que la Administración sea tan ágil y efectiva al
    desarrollar las regulaciones pendientes en la Ley del Medicamento, en materias
    tan importantes y tan avaladas científicamente como la Fitoterapia o la
    Homeopatía y que en un futuro próximo puedan incluirse en los servicios de la
    Sanidad Pública.

    La información cierta y rigurosa sobre los productos, sustancias,
    materiales, energías o métodos con finalidad sanitaria, es el camino para que el
    usuario y el consumidor pueda distinguir cuándo y dónde reside el fraude.


     

    Contra la libertad de elegir


    Paloma Cerezo

    Después de terminar de leer el RD 1.907/1.966, de agosto sobre
    «publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios de
    pretendida finalidad sanitaria», (dudando si estaba volviendo a leer aquella
    «Ley de vagos y maleantes»), me he percatado de la falta de un artículo que
    debería haber sido incluido, pero que no obstante, puede ser en un futuro muy
    próximo objeto de regulación.

    Me refiero por ejemplo a: «Artº 9 Denuncias y Formación de Tribunal que
    castigue delitos, contra la libertad de la persona para elegir la forma de
    curación que desee».

    1. Para cumplimiento del presente Real Decreto, se establecerán en los
    Organismos al efecto, grandes buzones con boca de dragón flamígero, que
    absorverán por su lado derecho las denuncias contra los inclumplimientos del
    Real Decreto y por el lado izquierdo, saldrá un largo brazo terminado en garra,
    con un bocadillo de calamares y un vaso de tinto como premio, para los
    denunciantes.

    2. Para los castigos ejemplares por el incumplimiento del presente Real
    Decreto, se establecerá un tribunal compuesto por 144.000 justos (como dice la
    Biblia), que funcionará de acuerdo en todo momento a las reglas del Santo
    Oficio.

    3. Las torturas para los incumplidores, se asemejan en todos sus
    instrumentos a los que fueron utilizados por los antecesores del actual
    Tribunal, es decir «La Inquisición», si bien serán perfeccionados por medios
    informáticos, diseños de Mac., investigación en Internet al efecto, etc. a fin
    de que resulten ejemplares para el siglo en el que nos encontramos.


    Es una lástima que no lo hayan incluido, ya que como decía es necesario
    para que la reglamentación sea castrante en su totalidad para todo aquello que
    pueda ser considerado «alternativo o natural».

    Yo no digo en ningún momento que efectivamente no se haya abusado e
    incluso se hayan cometido fraudes en nombre de las «otras medicinas», pero esto
    también sucede en la medicina tradicional y sin embargo no tiene una
    reglamentación como la que estamos tratando.

    Por otra parte, me llama la atención que encontrándonos en los finales
    del Siglo XX y principios del Siglo XXI, en la era de la informática, de los
    avances tecnológicos, del descubrimiento de vida en otros planetas de nuestro
    sistema solar, de la inteligencia artificial, etc., nos encontremos que el
    comportamiento actual del humano acorde a todo ello, no es el más adecuado para
    nuestro planeta debido a que lo estamos arrasando tanto en su interior, como en
    el exterior (pruebas nucleares, residuos radiactivos, guerras absurdas,
    agresiones a la atmósfera, destrucción del fondo marino, suciedad, exterminio de
    fauna y flora,etc).

    Es en el panorama antes referido, en que la Medicina Tradicional Oficial
    se va desarrollando, siempre en una aparente evolución magistral para alargar la
    vida del ser humano en el entorno antes descrito. Esta medicina mutila, agrede,
    realiza pruebas y alarga la vida mediante «productos, materiales, sustancias,
    energías o métodos» que en su mayor parte no son del todo beneficiales al
    hombre, ya que alargan su existencia, pero de forma inhumana, en ocasiones
    también sanan.

    Aquellas personas que han sido agredidas por la Medicina Tradicional
    Oficial o que simplemente no pueden ser tratados por ella, ya que no existen
    «remedios secretos» para ellos, buscan junto con otras personas interesadas en
    su entorno, en su planeta, en los seres humanos con los que convive, aquellas
    medicinas, aquellos remedios que proceden de los albores de la Humanidad y que
    «indudablemente han sido respaldados de forma suficiente por el hombre, ya que
    su curación y pervivencia como genero humano, se funda en ellos».


    Pues bien todos aquellos remedios ancestrales, que lentamente iban
    saliendo a la luz, del oscurantismo en el que se encontraban, deben volver al
    mismo, ya que no pueden ser privilegio de cualquier persona, sólo de aquellos
    que sean capaces de encontrar un lugar donde se vendan, claro está sin ninguna
    pista.

    Matar pulgas a cañonazos

    El agujero negro de la Salud Pública

    Miguel Herdin. Weleda, S.A.

    El Real Decreto sobre publicidad y promoción comercial de productos,
    actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, tiene, a nuestro
    entender un claro objetivo de protección de los intereses de los consumidores y
    la salud pública contra determinadas actividades comerciales poco éticas y fuera
    de cualquier contexto legal. Hasta ahí celebramos la buena intención del
    Ministerio de Sanidad.

    Este Real Decreto toca de forma redundante ciertos temas:

    No puede publicitarse ni comercializarse un producto con atribuciones de
    medicamento o cosmético sin haber obtenido las correspondientes autorizaciones
    sanitarias y cumplir con las respectivas regulaciones legales. Tampoco puede
    utilizarse la imagen de los profesionales de la salud para la promoción de estos
    productos.

    Se intenta regular determinadas propiedades hasta ahora atribuidas
    comúnmente a ciertos productos presentes en las dietéticas, como puede ser la
    regulación del peso corporal o la potenciación del rendimiento físico y sexual.
    Es decir, que Sanidad deberá autorizar previamente (según la disposición
    adicional segunda, párrafo 2) la publicidad de este tipo de productos.
    Declinamos todo comentario sobre este tema en favor de los afectados
    directamente por el mismo.

    Sin embargo introduce también alguna novedad. Se especifica, por ejemplo,
    que la característica de producto «natural», no le confiere automáticamente
    atributos preventivos o terapéuticos.

    Ojalá en el futuro se regule con una cierta coherencia la utilización del
    atributo «natural», tal y como se ha hecho en otros países de Europa, donde se
    describe claramente cuándo un producto puede ser llamado «natural» y cuando no,
    y se especifican unos organismos de control de esta especie de «marca de
    denominación de origen». Hasta entonces, estamos de acuerdo que la atribución de
    «natural» en un producto tenga un significado meramente informativo para el
    consumidor. Efectivamente, la relación entre lo «natural» y lo terapéutico no
    existe necesariamente: hay sustancias naturales sin efecto terapéutico, y
    sustancias de síntesis que sí lo tienen, y viceversa. Lo que sí es cierto es que
    muchos son los consumidores que optarán por productos naturales, tengan una
    aplicación terapéutica o alimenticia, sabiendo que un producto, con garantía en
    cuanto a su origen «natural», tiene un impacto sobre el medio ambiente muy
    inferior al que procede de la industria química o de la agricultura
    convencional, y que el organismo humano lo asimila mucho mejor y más
    rápidamente.

    Incluso, dentro de los productos naturales hay que hacer distinciones
    respecto de los métodos utilizados para su obtención. Weleda ha optado desde su
    fundación, por la utilización, al máximo posible, de materias primas procedentes
    de la Agricultura Biodinámica, que tiene su propio aval de calidad en el mundo
    entero, conocido con el nombre de Demeter.

    En lo que a Weleda atañe, será bienvenida cualquier legislación que
    pretenda garantizar la calidad de los productos naturales y la veracidad de la
    información que se facilita al consumidor. No obstante, consideramos que el
    poder legislativo debe sopesar cuidadosamente las herramientas legales que
    genera para no «matar pulgas a cañonazos», pues con el cañón, mata las pulgas,
    pero también aniquila todo lo bueno que hay a su alrededor. Esperamos, pues, que
    todos los productores que llevan décadas esforzándose en ofrecer productos de
    calidad para el bienestar del consumidor no se vean perjudicados por este
    posible «cañonazo».

    Manuel Tinoco Pérez

    Presidente de la Federación Española Naturista Vegetariana

    El primer objetivo sanitario de todo sistema político debería ser una
    buena educación para la salud, una eficaz higiene pública y tener una población
    vigorosa y saludable.

    He aquí que este gobierno acaba de prohibir la publicidad de todo aquello
    que tenga carácter curativo o preventivo de las enfermedades, si no está
    previamente autorizado por la Dirección General de Medicina y Farmacia. Es quizá
    el momento de pedir un certificado de las virtudes del limón, de la fibra
    vegetal, de la cura de frutas, de la dieta vegetariana, los baños de barro y el
    aire puro.

    El Decreto prohibe expresamente la publicidad de los «sistemas,
    productos, energías» no autorizados y de la palabra «Natural». Podemos llegar a
    la incongruencia de que productos que se venden en toda Europa sólo puedan
    venderse en las farmacias en España, que las publicaciones sean censuradas,
    etc.

    Queda claro que la pretensión de este Decreto y de otras leyes por el
    estilo es monopolizar la venta de productos para la salud en las farmacias. Está
    claro que no es la salud pública lo más importante, sino la dependencia de un
    monopolio bajo la dirección de los «Expertos», que se apropian de un sistema en
    el que no creen, porque son ambiciosos. La Seguridad Social va a seguir
    subvencionando medicinas, no la Tila ni la Valeriana, y los únicos beneficiados
    serán los laboratorios farmacéuticos. Los perjudicados los de siempre, víctimas
    de una gran estafa sanitaria que agranda cada año el agujero negro de la salud
    pública.

    Un 10% de los europeos son vegetarianos. En nuestro país necesitamos
    agruparnos, asociarnos y hacernos oír con fuerza para evitar estas cosas. Se
    miramos a Europa para todo lo demás, ¿por qué no en salud?


     

    Entrevista con Javier Santiveri. Consejero de la casa Santiveri

    «Esta ley no es buena para
    nadie»

    P.- ¿Qué opinión le merece el Decreto del Ministerio de
    Sanidad?

    R.- Es un Decreto que no se ha sacado en el momento propicio pero hacía
    falta. Lo que está claro es que está hecho con precipitación y las prisas no son
    buenas. Tenía que haberse discutido ampliamente con anterioridad, haber buscado
    el consenso, no el consenso político sino con las partes perjudicadas. Lo han
    querido sacar tan rápido que han utilizado un borrador del 95 que era
    restrictivo al cien por cien, lo cual no quiere decir que sea tan malo. Era
    necesario, pero si me preguntas si este Decreto es bueno al ciento por ciento
    tengo que decirte que no rotundamente, porque es fruto de la
    precipitación.

    P.- El Decreto ha suscitado una gran inquietud en los herbolarios.
    ¿Cree que puede ocurrir como en Francia donde casi no existen herbolarios y los
    productos naturales se venden en las farmacias?

    R.- Son casos diferentes. En España el herbolario está muy arraigado,
    mientras que Francia es el reino de las grandes superficies. Nosotros fabricamos
    productos frontera, entre el medicamento y la alimentación, pero como Asociación
    de Fabricantes que somos, pertenecemos a la Federación de Industrias de
    Alimentación y Bebidas. Creo que la intención del Ministerio no es aplicarlo a
    los alimentos, porque los alimentos tienen ya su propia legislación. Esta ley no
    debería perjudicarnos en absoluto, debería de ayudar a acabar con ese mundo de
    intrusismo en el cual a veces hemos pasado rozando y que no deberíamos intentar
    meternos porque podemos llevarnos palos.

    P.- Sin embargo, el Decreto alude expresamente a los productos,
    servicios o métodos que pretendan sustituir el régimen de nutrición o
    alimentación común.

    R.- No me explico por qué el gobierno tenía esta urgencia para promulgar
    el Decreto un 6 de agosto. Se ha interrumpido la negociación en curso entre los
    sectores implicados. ¿Por qué tenían esta prisa en sacarlo? No lo se, pero lo
    que está claro es que las prisas llevan a cometer errores. Esta ley no es buena
    para nadie, pero me imagino que la intención será pulirla. Si los farmacéuticos
    tienen una cosa clara es que no pueden aspirar al monopolio, con respecto a
    cualquier producto que no necesite receta, ya que tendrían los días contados,
    porque no existe monopolio en ningún otro país europeo. Sé que los farmacéuticos
    no son amigos nuestros pero tampoco les veo enemigos.

    P.- En el Decreto ¿subyace la intención de anular la competencia que
    las medicinas alternativas pueden hacer a la industria farmacéutica o a la
    medicina oficial?


    R.-
    Sí, claro, todo esto puede estar allí, en la esencia, por decirlo de alguna
    manera. No creo que esté la industria farmacéutica detrás en estos momentos, a
    lo mejor años atrás te hubiera dicho que sí, que veía su mano negra. Puedo estar
    equivocado, pero hoy en día no creo. Ahora ¿por qué estas prisas? Tampoco lo se.
    Yo entiendo que no podemos ser el sustituto de la farmacia. La farmacia es una
    cosa y nosotros otra. Si no nos mentalizamos de esto lo vamos a tener muy negro.


     


    Entrevista con Félix Irigoyen. Director de los laboratorios Equisalud

    «Vía libre para la industria
    farmacéutica»

    P- ¿A quién beneficia, a quién perjudica y qué repercusiones va a
    tener este Decrteto en el mercado?

     

    R- Ante todo hay que saber si se va a aplicar o no y cómo se va a hacer
    pero es evidente que beneficia a los grandes laboratorios farmacéuticos que son
    los que van a tener vía libre. Si ahora la medicina alternativa le supone un 10,
    un 15 o un 25 % de competencia, después del Decreto ya no van a tener esta
    competencia. En Francia la fitoterapia se vende en farmacias y casi no hay
    herbolarios. Cualquier farmacéutico tiene un pequeño taller donde elabora
    productos a instancias de los laboratorios y de los terapeutas. La presión de
    los farmacéuticos es enorme y en España supongo que terminrá siendo igual. Creo
    que este Decreto les favorece.

     

    P- Entonces, ¿cree que es un Decreto necesario?

     

    R- Sólo lo conozco por encima, pero creo que responde a la preocupación
    del Ministerio de Sanidad por la publicidad masiva que se hace de los productos
    de la medicina alternativa y que con frecuencia es algo frívola. La frivolidad
    puede inducir a comprar productos con la seguridad de que sirven para adelgazar
    o que van a curar una artrosis o un cáncer. En la medida en que esa preocupación
    tiene sentido, tenemos que estar de parte del Ministerio que ha firmado este
    decreto.

    Como industrial me parece bien que el Ministerio controle la publicidad
    que se haga de estos productos, y que la publicidad no proporcione seguridad de
    curación cierta. En el campo de la medicina esta prudencia es elemental. Estamos
    de acuerdo en que hacen falta criterios de transparencia y veracidad en la
    información.

    No podemos provocar un enfrentamiento total con la Administración sin más
    ni más. A mi me parece, como investigador, como científico, como industrial, que