La reciente celebración en Madrid del 7º Congreso Mundial de las Medicinas
Naturales ha reavivado la polémica sobre la regulación de las medicinas
alternativas o complementarias. El marco legal en el que desarrollan su
actividad laboral los 16.000 naturópatas, acupuntores, homeópatas, osteópatas y
otros especialistas en terapias no convencionales que ejercen en España, es
tremendamente confuso.
Cuando acudimos a estos profesionales de la salud -y la mayoría de los lectores
de esta revista lo hacemos con asiduidad- esperamos encontrar personas que
dominan técnicas y métodos terapéuticos muy eficaces, pese a que hayan
permanecido ausentes de la enseñanza oficial. Lo de menos es si poseen o no un
título universitario que les acredite como médicos. Lo importante es que nos
curen o, al menos, nos alivien.
Según una reciente encuesta realizada en los centros de atención primaria de
Cataluña, el 52% de los pacientes habían acudido en alguna ocasión a la medicina
alternativa, lo que prueba que cada vez son más los ciudadanos que confían su
salud a estos terapeutas. El problema es que muchos de ellos no son médicos
titulados y se ven obligados a ejercer bordeando la ley, en medio de un vacío
legal injustificable.
Se da la paradoja de que son ignorados por el Ministerio de Sanidad por carecer
de titulación oficial, pero no por el Ministerio de Hacienda, que les reconoce
como ?profesionales parasanitarios? para obligarles a cotizar por su actividad
económica. A este epígrafe especial, que engloba a todo tipo de terapeutas no
convencionales, se han acogido ya más de 7.000 profesionales en España. El resto
prefieren seguir trabajando de forma semiclandestina a la espera de que su
situación se regularice plenamente. Tienen miedo a declarar sus ingresos
mientras puedan ser acusados de invadir el terreno de la ?medicina oficial?, a
la que la ley parece conferir el monopolio de la salud.
El marco legal y el concepto de ?medicina oficial? es algo relativo y complejo.
Por ejemplo, la homeopatía estuvo legalizada en España hasta que fue proscrita
por el régimen de Franco. Hasta entonces había sido considerada como un tipo de
?medicina oficial?, rango que, sin embargo, mantiene en otros países como India
o México. La acupuntura y la fitoterapia fueron prohibidas en China a principios
de siglo, lo que no impidió que se siguieran ejerciendo porque siempre han
formado parte de la cultura y la medicina tradicional en ese país. No
recuperaron su status de ?medicina oficial? hasta 1955, fecha en que fueron
rehabilitadas por el gobierno de Mao. La osteopatía siempre ha gozado de un
cierto reconocimiento en Estados Unidos, pero nunca alcanzó, salvo excepciones,
la oficialización en la vieja Europa. Por cierto, en ese país 92 de las 125
facultades de medicina imparten ya cursos de terapias no convencionales.
Así pues, el ejercicio profesional de los médicos o sanadores ha estado
históricamente supeditado al contexto político y eso es sencillamente
intolerable. En un mundo cada vez más globalizado, no se puede entender que un
especialista gane o pierda su condición profesional según cruce una u otra
frontera.
La regulación de las medicinas no convencionales en Europa y en España es una
cuestión inaplazable. El Pleno del Parlamento Europeo ya se pronunció a favor el
año pasado y en España, el Defensor del Pueblo, a instancias de AHIMNACO, se ha
dirigido al gobierno para que proceda a regularizar la situación de estos
profesionales. Pero la regulación es inconcebible si no va acompañada de la
oficialización de las enseñanzas correspondientes, y este parece ser un asunto
difícil de resolver. ¿Quién impartirá esas enseñanzas si no existen titulaciones
homologadas?
Entre tanto, los usuarios no entienden de problemas burocráticos y exigen una
solución urgente. Es el caso, por ejemplo, de las asociaciones de padres de
niños con ?acondroplaxia?, que en el transcurso del 7º Congreso Mundial de las
Medicinas Naturales mostraron su preferencia hacia los tratamientos naturistas
frente a los de la medicina alopática y exigieron que la Seguridad Social cubra
el coste de los mismos. En España, el 80% de la población se ha mostrado
partidaria de que los tratamientos alternativos sean financiados por la
Seguridad Social, según publica en su último número la revista ?Tiempo?. Desde
el punto de vista de los enfermos, las autoridades sanitarias están conculcando
un derecho fundamental.
¿Porqué el gobierno se resiste a regularizar las medicinas alternativas o
complementarias pese a las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Defensor
del Pueblo? Se ha puesto como excusa la tajante oposición por parte del Colegio
Oficial de Médicos, aunque mucha gente con buen criterio sospecha que detrás de
esa irresponsable resistencia se esconde la poderosa mano de las multinacionales
farmacéuticas, que podrían ver peligrar sus abultados negocios. Pero, cuando
está en juego la salud de los ciudadanos, el interés general debe prevalecer por
encima de las demandas corporativas y los intereses particulares de determinadas
empresas.
La postura de la Administración se sustenta sobre un falso paradigma. No existe
una sola medicina sino múltiples formas de entender y abordar la salud y la
enfermedad. Y, en última instancia, médico es el que cura y no el que exhibe un
título oficial. Con su cobarde política del avestruz las autoridades sanitarias
están fomentando la picaresca, favoreciendo a un puñado de defraudadores y
perjudicando a cerca de 7 millones de usuarios habituales y miles de
profesionales responsables.














































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