Residuos sanitarios

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    Los hospitales públicos españoles generan cada año
    7.400 toneladas de residuos, cifra que alcanza las 21.000 toneladas si se añaden
    los producidos por los centros privados españoles. Prácticas tan cotidianas como
    un simple análisis de sangre o una radiografía de tórax generan basuras de
    diversa índole, que para una correcta eliminación, necesitan una clasificación,
    gestión y tratamiento posterior. La falta de una normativa específica y la
    escasez de métodos efectivos dificultan el control último de los residuos cuyos
    efectos no sólo revierten en el medio ambiente, sino que además ponen en peligro
    la salud de la población.

    HOSPITALES, GRANDES GENERADORES
    DE RESIDUOS

    Nadie duda de que el avance de la técnica sanitaria repercute de forma
    beneficiosa en el conjunto de la población, pero lo que solemos ignorar es que
    los centros sanitarios que en teoría están más protegidos, en cuanto a limpieza
    y desinfección se refiere, son a su vez grandes generadores de residuos, que en
    ocasiones son altamente contaminantes.
    Según el Catálogo Nacional de Hospitales, emitido por el Ministerio de Sanidad y
    Consumo, las 168.800 camas de los 1.707 centros de salud españoles generan una
    media de dos a cuatro kilogramos de residuos sanitarios al día. De ellos, 1,5
    kilogramos se pueden considerar basuras iguales a las de nuestras casas, 1 Kg.
    corresponde a los denominados residuos clínicos o biológicos y el 0,5 restante
    forman parte de las llamadas infecciosas o especiales.
    Dentro de este tipo de desperdicios se incluyen los restos anatómicos de seres
    humanos, los desechos infecciosos (contaminados por virus, bacterias…), la
    sangre, y los hemoderivados en forma líquida, agujas, el material cortante y las
    vacunas.
    Algunos de estos desechos pueden contener gérmenes de enfermedades contagiosas y
    por esta vía se puede transmitir el sida, la rabia, disentería, poliomelitis,
    peste, fiebre paratifoidea, ántrax, tifus abdominal, hepatitis, tuberculosis,
    meningitis, difteria, brucelosis y el cólera.
    El mismo problema se presenta en el caso de las vacunas, ya que éstas no son
    otra cosa que virus atenuados, y según los expertos, ?si se dan condiciones
    idóneas, estos virus pueden durar mucho tiempo?. La triple vírica, por ejemplo,
    que protege contra el sarampión, paperas y rubeola, puede permanecer activa
    hasta dos años, al igual que la vacuna de la poliomelitis.
    Pero sin lugar a dudas, los residuos hospitalarios más peligrosos son los
    radiactivos y los que contienen citostáticos, es decir, los que se emplean en
    tratamientos oncológicos, que pueden provocar alteraciones celulares en las
    personas y permanecer activos durante muchos años, si no son destruidos.
    Los expertos coinciden en que el problema no se centra tanto en la cantidad de
    despercicios sanitarios, cuanto en la deficiente clasificación que en orígen se
    hace de éstos para una correcta eliminación posterior.
    En los países desarrollados se asume el hecho de que es preciso reducir el
    volumen de residuos domésticos e industriales, y que los primeros deben ser
    clasificados y tratados de forma selectiva, aunque resulta difícil decidir la
    ubicación de las instalaciones para un tratamiento final de eliminación.
    Sin embargo, en el caso de los residuos hospitalarios existe una gran confusión,
    ya que no sólo se cuestiona el sistema de incineración como método más
    utilizado, sino que los hornos crematorios que se emplean no siempre se ajustan
    a los límites de gases que exige la protección del medio ambiente.
    En este sentido, las asociaciones ecologistas protestan por la ligereza con que
    se tratan estos residuos, que cuando menos pueden ocasionar serios problemas en
    la población, y cargan las tintas contra las autoridades y responsables
    sanitarios.
    Por su parte, el personal sanitario ve la esencia del problema en la falta de
    unidad de criterios a la hora de clasificar los residuos. La ausencia de una
    legislación básica ha dificultado esta tarea que los expertos han realizado
    durante años siguiendo su propio criterio, en función de su experiencia y
    conocimientos.
    REDUCIR RIESGOS
    Hasta 1990 las autoridades sanitarias españolas no pusieron manos a la obra para
    minimizar el riesgo de estos contaminantes potenciales que a diario generan
    hospitales y ambulatorios. Ese año, el Instituto Nacional para la Salud, INSALUD,
    inició los estudios pertinentes que concluyeron con la publicación, en 1991, de
    la segunda edición del ?Manual de gestión interna para residuos de centros
    sanitarios?, con el que se pretendía aunar criterios sobre clasificación y el
    lenguaje para todos los hospitales españoles.
    El manual aconseja sobre medidas a adoptar y distingue varias clases de desechos
    hospitalarios: sólidos, biológicos, infecciosos, tóxicos y radiactivos.
    Los residuos sólidos asimilables a urbanos no tienen peligro de toxicidad y no
    requieren ningún tratamiento específico. Son las basuras que se generan en las
    salas de espera, cafeterías, almacenes, oficinas, etc. Suelen contener papel,
    cartón, metales, restos de comida y productos farmacéuticos caducados pero no
    tóxicos.
    Otro grupo de desperdicios sanitarios son los clínicos o biológicos, derivados
    de la propia actividad sanitaria, que aunque no se consideran infecciosos es
    preciso separarlos en bolsas distintas para evitar la aparición de gérmenes.
    Entre éstos se pueden incluir vendas, algodones, compresas, jeringas, bolsas de
    orina, tubos de ensayo, etc. En este caso, la dirección del centro debe decidir
    si los desechos se incineran o se llevan a un vertedero controlado, sin olvidar
    las responsabilidades a que el centro está sujeto como generador de residuos.

    Entre los desperdicios sanitarios considerados de riesgo se incluyen los
    especiales o infecciosos que precisan de una serie de medidas concretas de
    seguridad ya que son foco potencial de contagio y toxicidad. En este grupo se
    encuentran todos aquellos que han estado en contacto con cualquier tipo de
    enfermo, desde el que ha sufrido una cura de urgencia, hasta el que fallece o el
    cadáver al que se ha practicado una autopsia. Estas basuras pueden estar
    infectadas por virus de enfermedades contagiosas, que en condiciones idóneas
    pueden resistir un tiempo fuera del cuerpo humano.
    Tejidos humanos, secreciones, excrementos, conforman este tercer paquete que
    requiere un tratamiento de desinfección previo y esterilización en una
    instalación adecuada. Y una vez tratados deben ser depositados en vertederos y
    enterrados en cal. Por si las ya expuestas fueran pocas, existen además las
    basuras radiactivas procedentes de los aparatos de cobalto y rayos X, que son
    tratados por la Empresa Nacional de Residuos S.A, Enresa, y que se rigen por la
    normativa sobre residuos nucleares. También, dentro de este grupo se encuentran
    los citostáticos, desperdicios originados por los medicamentos utilizados en
    tratamientos contra enfermedades cancerosas. Estos residuos, calificados como
    potencialmente más peligrosos, deben ser sometidos a procesos de tratamiento
    especial. En Cataluña, por ejemplo, las cinco empresas especializadas que
    actualmente operan en la región, recurren a hornos franceses para eliminarlos.

    ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

    El tratamiento y eliminación de residuos hospitalarios precisa de un delicado
    proceso de selección y catalogación en el lugar de origen. Una vez recogidas las
    basuras en bolsas y contenedores herméticos, éstas siguen caminos diferentes en
    su tratamiento. Unas mueren en vertederos controlados y otras en incineradoras.
    En el caso de los residuos urbanos, la responsabilidad del centro sanitario
    finaliza en la selección y almacenamiento, según la escasa y confusa legislación
    vigente. A partir de este momento, corresponde a los ayuntamientos disponer de
    los servicios para una eliminación posterior, mientras que la responsabilidad
    sobre residuos peligrosos recae sobre el productor de los mismos, bien sea
    industrial o centro hospitalario.
    Los hospitales españoles, que en su mayoría tienen cerrados sus hornos
    crematorios por no reunir los requisitos necesarios, pagan alrededor de 9.000
    pesetas por tonelada de basura que generalmente recogen empresas privadas para
    transportarlas a las incineradoras. Una vez allí, los residuos son triturados y
    trasladados a una unidad de tratamiento donde son sometidos a un proceso de
    calentamiento por vapor de agua.
    Posteriormente se procede a la desinfección o esterilización del material y a
    continuación se queman a una temperatura de 1.100 grados centígrados. Una vez
    tratados, los desperdicios pueden depositarse en un vertedero controlado de
    residuos urbanos.
    Aunque éste es el método más utilizado en la eliminación de residuos, también es
    el más cuestionado, ya que si bien es seguro, tiene el inconveniente de que la
    materia nunca se destruye, sino que se transforma. Además, las asociaciones
    ecologistas ponen en duda el buen funcionamiento de algunas de las
    incineradoras.
    En este sentido, la ley prohibe la utilización de estos hornos en los hospitales
    que se encuentren dentro del caso urbano, por lo que suelen construirse en
    lugares aislados. Esta política es muy criticada por la opinión pública, ya que
    no todas las regiones tienen el mismo número de incineradoras, lo que provoca
    que los residuos de una comunidad se incineren en otras.
    En Cataluña, por ejemplo, la única incineradora pública en funcionamiento ha
    quedado, en opinión de expertos, obsoleta y solo puede absorber una pequeña
    parte del volumen total de basuras hospitalarias. Y en León, una incineradora de
    animales muertos pasó a realizar las funciones de horno crematorio de residuos
    sanitarios, que aglutina los desechos procedentes de Andalucía, Galicia y
    Santander.
    Así las cosas, por el momento las otras alternativas a la incineración
    existentes son el autocalving, que consiste en la esterilización por vapor; la
    trituración y la desinfección química (solución de hipoclorito sódico o peróxido
    de hidrógeno) y la trituración y radiación con microondas. Para las asociaciones
    ecologistas estas tecnologías son más seguras que la incineración y sobre todo
    son más baratas.
    De momento, Enrique García, presidente de la única organización que existe en
    España para la destrucción de residuos hospitalarios, presentó en mayo de 1993,
    también como alternativa, la primera unidad móvil destinada a eliminar ?de
    manera sana? los residuos que traen de cabeza al personal sanitario. El equipo,
    instalado sobre un vehículo de tres toneladas, está preparado para realizar una
    combustión a 1.200 grados centígrados en todo el volumen de la cámara de
    combustión, a fin de ?exterminar todos los virus, gérmenes y bacterias
    conocidos, de una forma rápida y limpia?. Según Enrique García, por este método
    ya se han interesado un buen número de hospitales españoles.
    VACÍO LEGAL
    Mientras los grupos ecologistas opinan que ?en el tratamiento de los residuos
    hay una tierra de nadie en la que todos se lavan las manos y las
    responsabilidades van pasando de mano en mano?, el personal sanitario coincide
    en afirmar que el problema de las basuras sanitarias sobrepasa las dimensiones
    técnicas y transciende a un marco estrictamente legal.
    Hasta la fecha España carece de una legislación que regule específicamente la
    gestión y tratamiento de residuos sanitarios. Por un lado, el decreto de 1974
    sobre restos anatómicos, y por otro la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos de
    1986 que clasifica como peligrosos los residuos de los hospitales o aquellos que
    se generen por cualquier actividad médica, es la única normativa existente en
    esta materia.
    Sin embargo, por el momento las comunidades autónomas que tienen transferidas
    competencias en materia de control de los residuos sanitarios (once hasta la
    fecha) y los ayuntamientos, que a su vez tienen asignadas competencias de
    ejecución en materia de residuos urbanos, han desarrollado regulación propia en
    este sentido, siempre, claro está, teniendo en cuenta las exigencias de la
    normativa europea, a las que las instituciones autonómicas o locales deberán
    adaptarse.
    Así, la Generalitat de Catalunya, una de las más afectadas por los residuos
    biosanitarios, ya que con 7.700 toneladas al año, es por detrás de Andalucía y
    Madrid la que más genera, ha sido a su vez pionera en España en regular,
    mediante decreto de 30 de diciembre de 1992, lo referente a desperdicios
    hospitalarios, a fin de poner orden y establecer un marco de referencia que
    facilite la gestión de las más de siete mil toneladas de residuos que al año
    generan las 30.139 camas de los hospitales catalanes.
    Pese a la ausencia de una normativa nacional concreta en esta materia, la
    legislación española tendrá que incorporarse a la política de residuos que
    establece la Comunidad Europea. La Directiva aprobada en su día por el
    parlamento comunitario establece que los hospitales deben ser los únicos
    responsables de la selección, recogida, transporte y eliminación de sus
    contaminantes.
    De momento, el Plan Nacional de Residuos Peligrosos 1995/2000 aprobado por el
    Gobierno el 17 de febrero de 1995 identificaba como sector prioritario los
    residuos sanitarios, en particular los especiales.
    A la espera de una ley nacional de gestión de residuos sanitarios, en 1997 se
    presentó en Madrid el Libro Blanco sobre ordenación de la gestión de los
    residuos sanitarios, iniciativa que ha contado con la colaboración de la
    Fundación FUNGESMA y los ministerios de Sanidad y Medio Ambiente y que pretende
    servir de marco de referencia de la futura elaboración de la ley, que unifique
    criterios y regule el tratamiento de los residuos sanitarios y hospitalarios en
    las diecisiete comunidades autónomas.