Editorial Verano 2002 – Medicinas alternativas, ¡regularización ya!

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    En España sólo existe una medicina “oficial”, cuya enseñanza
    se imparte en las facultades de Medicina y cuya representación corporativa
    la ostenta el mal llamado Colegio Oficial de Médicos. Pero es ésta
    una situación aberrante porque no existe una sino múltiples medicinas,
    tantas como formas de entender y atender la salud, y, en consecuencia, no puede
    existir un Colegio Oficial sino múltiples Colegios Profesionales.
    La clase médica “oficial”, tradicionalmente conservadora y
    endogámica, pretende ostentar el monopolio de la salud y cuenta para ello
    con el apoyo incondicional de la todopoderosa industria farmacéutica. Practica
    una medicina alopática dirigida a actuar sobre los síntomas y no
    sobre las verdaderas causas de la enfermedad. Casi nunca se orienta a la prevención
    y sus resultados a largo plazo a menudo dejan mucho que desear. Utiliza medicamentos
    químicos y tratamientos agresivos que, con demasiada frecuencia, causan
    daños mayores que los que pretende corregir (uno de cada cuatro ingresos
    hospitalarios se produce por el mal uso o el abuso de medicamentos).
    Lamentablemente, vivimos en una sociedad medicalizada; las multinacionales farmacéuticas,
    sirviéndose de estos médicos alópatas, han conseguido convertir
    la salud en uno de los negocios más lucrativos del mundo. La clase médica
    “oficial” es cómplice de la mercantilización de la salud.
    Sin embargo, existen multitud de técnicas terapéuticas y de remedios
    alternativos tremendamente eficaces que constituyen una verdadera alternativa
    frente a muchos de los métodos y preparados químicos de la medicina
    “oficial”. Por lo general, estas medicinas alternativas o complementarias
    anteponen la prevención al tratamiento, se caracterizan por ser poco o
    nada agresivas, poco o nada contaminantes, se orientan al tratamiento de las verdaderas
    causas de la enfermedad, utilizan preparados naturales o técnicas manuales
    cuyo coste es infinitamente inferior al de los preparados químicos y los
    equipos de alta tecnología de la medicina “oficial”. En definitiva,
    se trata de métodos y remedios terapéuticos más humanizados,
    más ecológicos, más baratos, más fácilmente
    universalizables y a menudo más eficaces que los utilizados por la medicina
    “oficial”.
    La medicina “oficial” o alopática, con sus virtudes (que nadie
    niega) y con sus defectos (que nadie debería negar), debe ser una medicina
    más dentro del amplio abanico de las medicinas o técnicas terapéuticas
    actualmente existentes. La acupuntura, la homeopatía, la naturopatía,
    la medicina ayurvédica, la quiropraxia o la osteopatía, por poner
    sólo algunos ejemplos, no deberían permanecer relegadas, como ocurre
    actualmente, a un plano de marginalidad.
    Hoy día, más del 50% de la población española utiliza,
    con mayor o menor asiduidad, terapias alternativas. El enorme auge de estas terapias
    refleja el nivel de fracaso de la medicina alopática. Cada vez son más
    los pacientes que, decepcionados por los pobres resultados de la medicina “oficial”,
    acuden a las medicinas alternativas y encuentran en ellas mejores resultados.
    En España existe un colectivo profesional conformado por cerca de 75.000
    terapeutas alternativos que recibe cada día la visita de 300.000 pacientes.
    Las asociaciones profesionales del sector cifran en 3.250 millones de euros anuales
    lo que la Seguridad Social y el Estado se ahorran gracias a estos tratamientos.
    Sin embargo, su actividad se desarrolla al borde de la ley a causa del vacío
    legal y de la ausencia de una reglamentación que ampare su ejercicio profesional.
    Se da la paradoja de que el Ministerio de Hacienda reconoce su actividad como
    “profesionales parasanitarios” a los solos efectos de recaudación
    fiscal, pero Sanidad no reconoce su profesión (¿qué eufemismo
    es ése de “profesionales parasanitarios”?) y Educación
    no quiere homologar sus titulaciones (lógicamente adquiridas en centros
    de enseñanza no homologados).
    Pero la regularización de las medicinas alternativas es impostergable.
    Hace cuatro años, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución,
    redactada por el eurodiputado verde Paul Lanoye, instando a todos los gobiernos
    de la Unión a regularizar inmediatamente las medicinas alternativas o complementarias.
    Sin embargo, el gobierno conservador español sigue haciendo oídos
    sordos a esta sensata recomendación.
    Peor aún, cediendo a las presiones de la industria farmacéutica
    y de la clase médica “oficial”, Sanidad ha emprendido una auténtica
    caza de brujas contra los profesionales de la salud natural y contra los remedios
    naturales que se expenden en los más de 5.000 herbolarios que hay en España.
    Después de promulgar el 6 de agosto de 1996 un ignominioso Decreto-Ley
    contra las terapias alternativas (“productos o servicios con pretendida
    finalidad terapéutica”), después de retirar arbitrariamente
    del mercado centenares de productos naturales que no representan ningún
    riesgo para la salud de los ciudadanos, pretende ahora promulgar una nueva ley
    que complementa la obsoleta Ley del Medicamento, con la intención de otorgar
    a las Farmacias el monopolio casi absoluto de la venta de plantas medicinales.
    Además, se niega sistemáticamente a dialogar con los representantes
    del Colegio de Médicos Naturistas, de la Federación de Naturópatas
    Españoles y del resto de las asociaciones representativas del sector.
    Pero no basta con regularizar la práctica de las medicinas alternativas,
    es preciso también oficializar la enseñanza de estas técnicas
    terapéuticas cuyo potencial de desarrollo es inmenso, incorporándolas
    a la Universidad. Y que las terapias alternativas, la acupuntura, la homeopatía,
    la naturopatía, la reflexología, la osteopatía, etc., se
    incorporen de inmediato al sistema de la Seguridad Social, porque, de lo contrario,
    se seguirá conculcando el legítimo derecho de los ciudadanos a la
    salud y a elegir libremente el médico o terapeuta al que deseamos confiarle
    el cuidado de nuestra salud.