Editorial Invierno 2002 – Aznar contra los herbolarios

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    El gobierno del PP quiere acabar con las herboristerías. Y lo quiere hacer por decreto, otorgando a las farmacias un semimonopolio en la venta de plantas medicinales. Actualmente, el sector de las plantas medicinales factura en España alrededor de 26.000 millones anuales (156 millones de euros). El 85% de las plantas y sus preparados se venden fuera de las farmacias, en los herbolarios y en puestos de venta ambulante. De ahí que el sector farmacéutico esté presionando con todos los medios a su alcance para hacerse con la mejor porción de esta tarta aprovechando el auge de las terapias naturales. El decreto que en estos momentos ultima el Ministerio de Sanidad pretende desarrollar la ley del medicamento de 1990 para prohibir la venta ambulante y restringir al máximo la venta de plantas medicinales en los herbolarios. Para la revista «The Ecologist», con este decreto «el gobierno de Aznar se pone una vez más del lado de la industria y los laboratorios, en detrimento de los herbolarios tradicionales, que verán mermadas sus posibilidades económicas». Más adelante señala que «la Administración, cómplice de la gran industria, persigue la desaparición de éste tipo de establecimientos. En unas declaraciones recogidas en la citada publicación, Francesca Ubach, propietaria de un histórico herbolario del casco antiguo de Barcelona, afirma: «lo que quieren las farmacias y los grandes laboratorios es que desaparezcamos; quieren borrarnos del mapa. La guerra viene de lejos. Nunca se cansan. No se contentan con su mercado. Siempre quieren más. Son insaciables. Y van siepre a por los más pequeños. Ya se sabe, el pez grande se come al chico». Y es que quizás a Aznar le ocurre lo mismo que a Franco, que prohibió el ejercicio de la homeopatía en España, no sólo por la presión de la todopoderosa industria farmacéutica (los preparados homeopáticos son muy baratos), sino porque los homeópatas españoles compartían unas ideas progresistas y democráticas contrarias al régimen fascista del dictador. En España existen cerca de 5.000 herbolarios y tiendas especializadas donde se comercializan plantas medicinales. Se trata de un colectivo numeroso que se ha hecho a sí mismo sin depender de ayudas o subvenciones institucionales. Al contrario que las farmacias, su actividad no supone un enorme coste económico para el Estado sino que además representa un considerable ahorro para la Seguridad Social. Las personas que se tratan con medicinas y preparados naturales cotizan como las demás pero apenas hacen uso de los servicios de la Seguridad Social, de sus facultativos y sus medicamentos subvencionados. Recordémoslo una vez más: el auge que experimentan las medicinas naturales no sólo responde a una mayor conciencia ciudadana sino que es la consecuencia de un sistema de salud obsoleto, prisionero de los intereses económicos de las multinacionales. La medicina alopática y sus preparados químicos han decepcionado a un importante segmento de la población por sus pobres, cuando no nefastos, resultados. La gente que acude a los médicos naturistas y que consume plantas medicinales, lo hace después de probar sin éxito con las medicinas convencionales y obtiene, por regla general, mayores satisfacciones, mejores resultados. Un gobierno con sentido común debería apoyar a éste sector en lugar de ponerle la soga al cuello.