Las empresas que calculen su propia huella de carbono podrán inscribirla en un registro nacional de próxima creación y sus acciones se ligarán a las compras verdes públicas.
Los detalles de la iniciativa se incorporarán a un real decreto u orden ministerial, cuyo borrador estará terminado a finales de 2012, según explicó a Efe el subdirector de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Eduardo González.
Según explica el propio González, el registro será una vía donde las empresas puedan dejar constancia de su huella de carbono, algo que actualmente solo reflejan en sus memorias anuales de sostenibilidad o documentos similares y «será de tipo voluntario».
Además, el ministerio que dirige Miguel Arias Cañete ha apuntado que la misma norma podría contemplar la creación de un registro nacional de sumideros forestales de carbono. «La huella de carbono -según González- es una vara de medir de cómo se pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel europeo; es fácilmente entendible para el ciudadano y significa competitividad para las empresas».
Entre los beneficios de la huella de carbono (que se basa en conocer el impacto de un producto o actividad en términos de contaminación emitida a la atmósfera) figura la de identificar las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y elaborar un plan para reducirlos, según la consejera técnica de la Oficina de Cambio Climático, Marta Hernández.
No en vano, la reducción de los gases de efecto invernadero «va de la mano de la eficiencia», que a su vez se traduce en ahorro de costes y en una mayor competitividad empresarial, sentencia Hernández.
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