Fiscalía de Brasil expresa alarma por boom de hidroeléctricas en la Amazonía

Varios fiscales de Brasil han advertido en una reunión en Quito de los perjuicios ambientales y sociales que a su juicio acarrea el “boom” actual de proyectos hidroeléctricos en toda la cuenca amazónica, incluida la controvertida presa de Belo Monte.

Los países suramericanos que comparten el ecosistema amazónico planean la construcción de más de 200 hidroeléctricas, de las cuales 80 están en Brasil, según la organización no gubernamental International Rivers, que colabora con la fiscalía brasileña.
Esa avalancha de proyectos causará “la imposibilidad de que los pueblos indígenas permanezcan en sus lugares de origen”, explicó a Efe Felício Pontes, Fiscal Federal en el estado amazónico de Pará, durante el IV Congreso Latinoamericano de Ministerios Públicos Ambientales, que concluyó hoy en Quito.
Sandra Cureau, otra fiscal brasileña, advirtió de que tras el traslado de los indígenas “su modo de vida se pierde totalmente”.
Pontes también augura la desaparición de especies que podrían contener el secreto de nuevas medicinas, pues tan solo se ha estudiado un 5 % del potencial farmacológico de la flora amazónica de Brasil, según dijo.
Los fiscales brasileños presentaron sus objeciones en el congreso en Quito, pero no hubo expresiones de apoyo por parte de los otros países participantes.
En Brasil la fiscalía incorpora las tareas de la defensoría del pueblo y es mucho más independiente del Gobierno que en el resto de Suramérica, explicó a Efe Pontes.
Con unas necesidades energéticas crecientes, los países de la región miran con interés el gran caudal de los ríos amazónicos por su poder para mover turbinas.
“Todavía se percibe a los proyectos hidroeléctricos como limpios, ambientalmente más deseables que los combustibles fósiles, porque se supone que no emiten tantos gases de efecto invernadero”, dijo a Efe Carmen Heck, de la Sociedad Peruana de Derechos Ambientales, una organización sin fines de lucro.
No obstante, las hidroeléctricas construidas en la selva pueden ser incluso más contaminantes que su alternativa, debido a la gran extensión de bosque destruida y a la emisión de metano, un gas muy nocivo, por la putrefacción de las raíces, afirmó Heck.
Los Gobiernos de Lima y Brasilia firmaron en 2010 un acuerdo para la construcción de cinco hidroeléctricas en la Amazonía peruana para generar 7.200 megavatios, parte de los cuales abastecerían a Brasil, indicó.
Actualmente están detenidos por el rechazo de las comunidades, pero al mismo tiempo Perú cuenta con proyectos para levantar 20 presas en la cuenca del río Marañón.
Heck calificó el plan como “preocupante” porque no se ha realizado una evaluación de su impacto social y ambiental “como un todo”, sino solo se ha mirado a los efectos de cada hidroeléctrica en su entorno, de manera aislada.
Además, apuntó que en Perú el marco legal data de 1994, por lo que las exigencias ambientales “no son las más adecuadas”.
El proyecto más emblemático en la región es la hidroeléctrica de Belo Monte, que con una potencia máxima de 11.233 megavatios sería la tercera mayor del mundo.
Las obras se reanudaron a mediados de octubre, tras ser interrumpida cuatro veces en este año por ocupaciones o decisiones legales.
La Fiscalía brasileña, que se opone a la construcción, ha denunciado supuestas irregularidades en la concesión de la licencia ambiental. “Vamos a destruir un ecosistema muy frágil, que es la vuelta grande del (Río) Xingú”, advirtió Pontes.
El proyecto se llevó adelante, según el fiscal, sin ningún tipo de consulta a los indígenas y colonos que residen en la zona, más de 20.000 de los cuales deberán ser evacuados para su construcción, explicó.
“Estamos esperando ahora que el Supremo Tribunal Federal juzgue la cuestión de la consulta previa de los pueblos indígenas”, aseveró Pontes, quien dijo esperar un fallo a principios de año.
En julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) estableció la obligación de consultar a los indígenas cuando se pretenda realizar “un plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio”.
Dictó ese fallo en el caso del pueblo ecuatoriano Sarayaku, que en los años 90 sufrió la entrada en su territorio de una petrolera, a la que el Gobierno le dio la concesión del crudo en su subsuelo.

Fuente: Efe.